La refinanciación de los 700 millones de deuda del negocio patrimonial de Realia entra en su recta final. No obstante, aunque la empresa y los acreedores descuentan que habrá acuerdo y se evitará la quiebra de la inmobiliaria, los últimos flecos para cerrar la operación se están demorando algo más de lo previsto.
Otro de los aspectos que han motivado retrasos es el de la salida del sindicado de la Sareb, el banco malo que percibirá los 750.000 euros que le adeuda Realia y dejará de ser acreedor. Una cantidad que CaixaBank, como entidad que lidera el nuevo préstamo, y el resto de bancos han tenido que cubrir. Asimismo, y de cara a repartir los riesgos, en este proceso de refinanciación también se ha negociado la entrada de nuevos bancos.
Hace dos meses, como parte de la estrategia negociadora, la propia empresa daba una de cal y otra de arena. En un folleto sobre actividad remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Realia reconocía la existencia de factores de riesgo que «podrían eventualmente afectar al normal desempeño de su actividad».
Entre esos riesgos, «un problema de liquidez que podría provocar una situación concursal» si antes del 27 de abril no se alcanzaba el acuerdo con los acreedores. Carlos Slim lanzaba el órdago a los bancos y estos entendieron que la quiebra quedaba descartada, aunque la compañía también aseguraba entonces, como también ahora, que «las negociaciones se encuentran en un estado avanzado y se espera culminen próximamente».
El crédito que se va a renovar fue suscrito hace diez años por un importe inicial de 1.087 millones de euros. Tras diversas amortizaciones, a finales de 2015 se redujo hasta algo más de 750 millones, y a tan solo 678 millones al acabar el pasado ejercicio.
Préstamo al que se le aplica un tipo de interés igual al euribor más una ratio en función de la evolución del valor de los activos. Unas condiciones que ahora, con el nuevo préstamo a devolver en un plazo de cinco años, se van a ver ligeramente modificadas con un aumento de las garantías.
Entre los acreedores del préstamo suscrito en 2007 figuran la mayoría de las entidades financieras españolas, salvo el Sabadell, que vendió su parte a Goldman Sachs; Liberbank, que la cedió a Citibank, y Caixa Catalunya, que traspasó su 1,2% a la Sareb, el banco malo.
