La liquidación, total o parcial, de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, es el cuento del nunca acabar. A finales de diciembre pasado, el grupo presidido por Fernando Martín, ante la negativa de los bancos acreedores y de la Sareb a aceptar el enésimo nuevo plan de pagos, decidió presentar la modificación del convenio ante el juzgado, amparándose en la nueva regulación de la Ley Concursal.
Pues bien, ahora, tras admitir a trámite el juez la iniciativa de la empresa, los acreedores deberán nuevamente decidir si lo que no aceptaban hace un mes lo aceptan ahora.
La secuencia de la tramitación de esta nueva estrategia pasa por la apertura inicial de un plazo, hasta el 12 de febrero, para que la empresa informe –como si no lo supieran– a los acreedores de sus casi 7.000 millones de euros. Especialmente, a los bancos y a la Sareb tenedores de los 3.400 millones de pasivo ordinario.
Entre el 13 y el 26 de febrero, los acreedores deberán decidir si se adhieren o no a la propuesta, que requiere del respaldo del 75% de la masa deudora para salir adelante. La adhesión supone aceptar esa quita de más del 50%, de manera que, por ejemplo, Sareb, debería dar definitivamente como fallidos cerca de 700 millones de euros, Caixabank casi 500 millones, y algo menos de 300 millones en el caso del Banco Popular.
En el auto, el magistrado Pablo González Carreró, titular del juzgado de lo Mercantil 1 de A Coruña, señala que la compañía incumplió los convenios acordados anteriormente, pero que la disposición tercera del Real Decreto Ley de cinco de septiembre de 2014 legitima a la empresa solicitar la modificación de convenio.
La empresa ofrece a los acreedores financieros daciones en pago de activos no necesarios para la continuidad de la actividad empresarial y la conversión del resto en préstamos participativos. La propuesta está acompañada de un plan de viabilidad sustentado en determinados derechos y activos inmobiliarios que la compañía considera necesarios para garantizar la continuidad de su actividad empresarial.
La salida en falso del concurso se produjo el 11 de marzo de 2011, cuando el juez aprobó el plan de Martinsa-Fadesa para pagar sus 7.200 millones de deuda en un plazo de hasta 10 años. Sin embargo, el 27 de enero de 2014 la inmobiliaria anunció el impago de una anualidad del convenio, que representaba el 1% por un montante de casi 35 millones. La inmobiliaria debía hacer frente, el pasado 31 de diciembre, a un nuevo pago del 12,5% de la deuda concursal. Más de 430 millones, que evidentemente tampoco hizo efectivo.
