Como si de otra promotora se tratase, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) no está siendo ajena a las consecuencias de la crisis económica sobre su patrimonio. Básicamente, una gran cartera de terrenos adquirida, en muchos casos, durante los años álgidos del boom inmobiliario, en la primera mitad de la pasada década, y que ahora, diez años después, se han minusvalorado de una manera notoria.
Lo último que sabemos, de manera oficial, sobre sus cuentas es la auditoría realizada al respecto por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en relación al balance de 2012, ejercicio cerrado con unas pérdidas de casi 30 millones de euros.
Cuatro veces menos que un año antes, pero con grandes incertidumbres acerca del alcance real de esas pérdidas si se hubiera analizado adecuadamente el valor real del suelo que la entidad pública tiene en cartera.
Solo se computaba el posible deterioro de cuatro actuaciones, representativas del 20% de las existencias a cierre de 2012, y que las valoraciones realizadas han puesto de manifiesto una pérdida de valor del 31% sobre el coste, lo que ha obligado a dotar deterioros por casi 100 millones de euros.
La auditoría subraya que están sin analizar compras de suelo por importes relevantes realizadas desde 2006, por un montante de 76 millones, pero valoradas en libros por el doble por lo invertido en obras de urbanización y otros costes. También habría que analizar otros terrenos adquiridos con anterioridad, porque con las obras realizadas pueda estar ya a un coste que no se va a poder recuperar con la venta.
La IGAE recuerda asimismo a Sepes sobre las debilidades de control interno, que generan un elevado riesgo de que las cuentas tengan errores y omisiones significativas. Y que, aunque hubo mejoras en 2012, no han desaparecido los riesgos.
Otro aspecto recogido por la auditoría se refiere a la polémica filial creada en 2005, la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). Sepes subraya que ha tenido que aportarle más de 48 millones “sin que la actividad desarrollada haya tenido ninguna incidencia en el mercado del alquiler”.
La SPA fue disuelta y liquidada pero todavía en 2012 generó pérdidas de casi siete millones de euros. El auditor elude entrar de lleno en realizar observaciones acerca de la SPA por su agujero patrimonial, los problemas de liquidez y las incertidumbres sobre la liquidación.
