Giro inesperado, o no tanto, en el espinoso asunto de rescatar a las autovías de peaje, esas que costaron un potosí y por donde cada vez pasan menos vehículos..
El plan ideado por el Ministerio de Fomento, de convertir la deuda privada en pública y transferir a una sociedad de mayoritaria titularidad pública las autovías insolventes, no acaba de pasar el filtro del Ministerio de Hacienda, que se inclina por la liquidación de las sociedades concesionarias y porque los bancos acreedores acepten una quita de aproximadamente el 30% de los cerca de 4.000 millones adeudados.
En el fondo, el proyecto de Fomento suponía dar una patada hacia adelante para que los bancos acreedores se quedaran tranquilos, con una reestructuración de la deuda con doble tramo. Primero, el que englobaría los cerca de 3.700 millones de créditos antiguos a un tipo medio del 2,6%, y un segundo tramo, con un crédito nuevo de casi 1.500 millones de euros adicionales para atender los costes de las expropiaciones a un tipo medio de interés más alto, del 6%. En ambos casos, a devolver dentro de 40 años.
Tras el pacto con los bancos, restaba por abordar la constitución de la sociedad rescatadora, que se quedaría con todas las acciones de las autovías, asumiendo la totalidad de la deuda antigua y la derivada del aporte adicional.
Una entidad pública que, según las cuentas echadas por Fomento, estaría valorada en poco más de 600 millones, con lo que el 20% del capital en manos de las constructoras apenas superaría los 130 millones, apenas el 5% de lo invertido. El 80% restante serían los 475 millones de capital público a través del crédito participativo del propio Ministerio de Fomento.
Hubo fuertes reticencias entre las constructoras por quedarse relegadas a un segundo plano y con fuertes pérdidas. Pero era esto o nada. Bueno, nada no. El que no aceptara tendría que hacer frente a las cuentas de compensación para cubrir parcialmente la caída de tráfico y los créditos participativos para pagar las expropiaciones.
Como no podrían afrontar este pago, a las entidades acreedoras no les quedaría otra que ejecutar los créditos garantizados por las propias acciones de las concesionarias. Al final, por uno u otro camino, de lo que se trata es que las empresas integrantes de las concesionarias asumieran su responsabilidad en el fiasco de estas autovías.
Sobre el papel, todo parecía encajar. Pero, cuando Ana Pastor llevó el proyecto al Ministerio de Hacienda para que otorgara su refrendo, surgieron múltiples dudas. La principal, el temor de que el asunto no colara en la Comisión Europea al considerar estos planes como ayudas ilegales del Estado.
Y, además, que esas ayudas computen como deuda y no como déficit, para lo cual habrá que demostrar ante Bruselas que la nueva empresa pública puede cubrir la mitad de sus costes con los ingresos de los peajes. Fomento, en su plan, contempla que el tráfico por las autovías siga cayendo hasta 2015, para recuperarse en ejercicios sucesivos con incrementos anuales del 2%. Si no es así, todo sería papel mojado y habría que ir hacia otra refinanciación de la deuda, pero mientras tanto se gana tiempo.
Mientras se sustancia el tema, el tira y afloja a cuenta del pago de los justiprecios a los expropiados continúa en los tribunales. El Supremo acaba de confirmar que, si las concesionarias no pagan, será el Estado el que tenga que hacerse cargo.
El Ejecutivo ha reaccionado para curarse en salud ante la posibilidad de que el rescate no se produzca y haya que ir a la liquidación de las concesiones. Lo ha hecho con un Real Decreto ley que permitiría al Estado descontar lo pagado a los expropiados del importe de la responsabilidad patrimonial.
