Andalucía. Apenas 1.000 pisos vendidos del stock existente y numerosas promociones de los Ayuntamientos que quedan sin cubrir van a forzar a la Junta de Andalucía a modificar el plan inicial del Pacto Andaluz de Vivienda firmado en 2007, que preveía la construcción de 300.000 pisos protegidos en diez años de acuerdo con las entonces proyecciones de demanda residencial fijadas por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA).
Aunque se mantiene el objetivo de facilitar una vivienda protegida a los sectores sociales que no pueden adquirir una de precio libre, “haremos las viviendas que haga falta hacer, pero sabiendo que son las que se necesitan”, ha indicado la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz, tras admitir la necesidad de revisar los objetivos.
A tenor de las demandas registradas, un tercio de los 30.000 solicitantes de vivienda protegida se decanta por comprar, mientras que los dos tercios restantes prefieren alquiler, aunque se eleva al 43% los que sí estarían conformes con disponer de una opción futura de compra.
Ante esta situación, la Junta ha reconocido lo erróneo de las estimaciones iniciales. “Las expectativas que había se están rebajando algo”, ha considerado Cruz, por lo que un mejor conocimiento de los perfiles de los demandantes “nos permitirá adaptarnos a las necesidades, pero siempre teniendo claro que hay un plan que nos da el modelo, la estructura y que establece unas reglas de juego claras”, ha puntualizado la titular andaluza de Obras Públicas y Vivienda.
De esas 30.000 primeras solicitudes casi 20.000 se inclinan por el alquiler, y 13.000 de éstas admiten la posibilidad de acogerse a la modalidad de opción a compra siempre que se descuente del precio final todo el dinero abonado en concepto de alquiler.
Aplicación informática
La Consejería de Obras Públicas y Vivienda puso el pasado mes de septiembre a disposición de los ayuntamientos la última fase de la herramienta informática creada para gestionar los registros municipales de demandantes de VPO, con la que pueden adjudicar los inmuebles entre los ciudadanos inscritos en las bases de datos.
Gracias a la aplicación informática es posible cruzar datos de distintas administraciones (el Ministerio del Interior, Hacienda, el Catastro, etc.) para comprobar que el aspirante a tener una VPO cumple efectivamente los requisitos. De igual modo, permite la tramitación telemática de las solicitudes de inclusión en el registro y el envío de mensajes de texto a los ciudadanos, indicándoles si tienen que renovar su inscripción -que tiene una validez de tres años prorrogables- o si han resultado adjudicatarios de una vivienda protegida.
Con la configuración de un único programa informático para el conjunto de los municipios, se logra homogeneizar los criterios y se facilita a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda disponer de una gran base de datos común. Esto hace posible cotejar la información de todos los registros y detectar posibles irregularidades, como, por ejemplo, la inscripción de una persona en más de tres registros, número máximo permitido por la normativa que lo regula
