La Junta de Andalucía someterá a un grupo de expertos la revisión de la actual orden de coeficientes que sirve de referencia en el cálculo de la cuota del Impuesto de Sucesiones y demás tributos estatales que gestiona la comunidad autónoma.
Así lo ha anunciado la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, que ha indicado que en breve comenzarán los trabajos, con la participación de organismos estatales, registradores, notarios y sociedades de tasación, entre otros.
El objetivo es perfeccionar la metodología del cálculo de coeficientes multiplicadores y elaborar futuras órdenes con una amplia participación y consenso, de forma que sean mejor entendidas y aceptadas por todos.
Montero ha defendido que el sistema vigente en la actualidad, con las órdenes de coeficientes que el Gobierno andaluz aprueba anualmente, ha sido avalado por el propio Tribunal Supremo y da certidumbre y seguridad jurídica a los contribuyentes. La consejera ha señalado que, al igual que muchas otras comunidades autónomas, Andalucía ha optado por el procedimiento de los coeficientes multiplicadores, porque es «el mejor y el más beneficioso» para los contribuyentes.
Según ha explicado, el núcleo de este modelo reside en el valor catastral, que determina el Estado conjuntamente con los ayuntamientos, y que es el que debe ajustarse a las circunstancias particulares de cada inmueble urbano referidas a su antigüedad, deterioro o calidad de la construcción, con el fin de que este valor sea adecuado y no resulte anómalo. «Es responsabilidad del Estado que el valor catastral se ajuste a la realidad de cada inmueble, porque un error supondría perjudicar a los contribuyentes en multitud de impuestos», enfatizaba.
Respecto a los coeficientes multiplicadores, se trata de un mecanismo, regulado también por una ley estatal, para determinar el valor real de los inmuebles en la liquidación de tributos. Y la voluntad de la Junta es aproximar de forma objetiva el valor catastral al valor real
La consejera ha subrayado que la premisa del Gobierno andaluz ha sido que los valores que se obtengan de la aplicación de los coeficientes estén en torno al 75% del valor de mercado, en una decisión de «salvaguardar siempre los intereses de la ciudadanía».
Por ello, la Junta sigue una metodología que refleja la dinámica del mercado inmobiliario y, que en los últimos años, se ha ido ajustando a la baja. Concretamente, desde el año 2010, los coeficientes multiplicadores que se aplican acumulan un descenso medio del 31,5%, mientras que los precios del mercado han bajado un 26,6%.
Los coeficientes se calculan de forma objetiva y con la misma metodología para todos los bienes urbanos de la comunidad, respaldada por las mejores estadísticas y datos disponibles en cada momento, quedando recogidos en una Orden que establece valores individuales para cada municipio y que se renueva anualmente.
Desde el año 2006, en el que se aprobó la primera Orden de coeficientes, se han ido incorporando avances en la metodología, lo que ha redundado en una mayor objetividad y transparencia. Así junto a estadísticas oficiales, datos procedentes de notarías, tasaciones y valores obtenidos de fuentes tributarias, se tienen en cuenta datos de ofertas de compraventas de viviendas, aproximando a la realidad el valor de los bienes inmuebles urbanos.
