Hasta aquí hemos llegado. Después de muchos años de incumplimientos y de provocar un sinfín de quiebras, pymes y autónomos de la construcción han dado el paso al frente para señalar, con pelos y señales, no cuáles son esas grandes empresas del sector que incumplen, por regla general, el límite legal de 90 días para pagar las facturas -todo el mundo las conoce porque son las que llevan todas las obras de envergadura que se licitan-, sino cuánto tardan realmente en hacerlo.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, aprovechando la cobertura brindada por los partidos políticos, ponía, en el seno del Congreso de los Diputados, cifras a este asunto tan delicado y causa principal de que muchas empresas, en los últimos años, hayan tenido que acogerse a concurso de acreedores y, en la mayoría de los casos, acabar en liquidación.
Y lo hacía para señalar que Ferrovial, Acciona, Sacyr, FCC, ACS y OHL cobran, de media, antes de que venza ese plazo límite de los tres meses, pero luego, en cambio, abonan las facturas a las subcontratas incluso por encima de los 500 días.
Año y medio que la mayoría de estas empresas, absolutamente dependientes de estos contratos, no pueden aguantar. Las que lo han logrado lo han hecho trampeando, cubriendo deudas según van cobrando. Pero no es plan.
Con cierta gracia, señalaba Antonio Cañete, portavoz de la Plataforma, que «en algunos casos no estamos hablando de morosidad, sino de morrosidad» para señalar directamente a Ferrovial -la empresa controlada por la familia Del Pino- como la que más tarda en pagar. Lo hace, de media, a 536 días. A partir de aquí seguiría Acciona en el ranking de morosidad, con 425 días, Sacyr en 337, FCC en 195, ACS en 188 y OHL en 184.
Con este panorama, desde la Plataforma han echado números para ver los beneficios que esta práctica supone para esas grandes constructoras, para llegar a la conclusión de que se ahorran 3.400 millones de euros, un 25% de sus beneficios. «Hacen uso y abuso de su dominio o asimetría para crecer a costa de los proveedores», apuntaba Cañete.
Tras la exposición de los datos, la Plataforma contra la Morosidad pedía a los representantes de los grupos parlamentarios una ley sancionadora que realmente ponga fin a un sistema tan dañino para las pequeñas empresas, y no solo en el sector la construcción. En Industria se cobra de media por encima de los 220 días y de casi 300 en el sector servicios.
