Desde que el pasado mes de julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pusiera fin a la investigación promovida por Comisión Europea para determinar la legalidad de las ayudas recibidas para el proyecto de Ciudad de la Luz, en Alicante, la Generalitat Valenciana ha recibido algunas ofertas. Pero ninguna se acerca, ni de lejos, ni a la mitad de esos 265 millones de euros que el Gobierno valenciano debe devolver.
En esa sentencia, el TJUE precisaba que esas ayudas debían devolverse a través de la venta de los activos, dado que el complejo se encuentra en liquidación y lleva años sin actividad, por lo que la venta es la única vía para zanjar la cuestión.
El problema es que las ofertas que llegan se quedan muy cortas. Como esos apenas 80 millones de euros que están dispuestos a poner el director cinematográfico Francis Ford Coppola y sus socios.
La Ciudad de la Luz fue inaugurada en 2005 y llegó a perder en un solo año, en 2009, casi 25 millones de euros. Durante sus casi siete años de actividad acogió cerca de 70 rodajes cinematográficos, entre ellos ‘Lo Imposible’, la aclamada película de Juan Antonio Bayona, o ‘Asterix en los Juegos Olímpicos’, que fue subvencionada con casi 5 millones de euros por parte de la Generalitat.
Desde mayo de 2012 apenas tiene actividad. Los conflictos entre la Generalitat y la anterior gestora del recinto, la empresa Aguamarga, la falta de liquidez del Gobierno valenciano y, sobre todo, la denuncia de la UE contra la Generalitat por inyectar fondos públicos de manera ilegal, llevaron a la parálisis del recinto.
En la sentencia, el TJUE determinó que un inversor normal no hubiera realizado esta inversión en los estudios de cine valencianos y, por tanto, se trataba de ayudas de Estado ilegales.
Al respecto, señalaba que cuando un Estado o autoridad pública, como era el caso, decide actuar como un inversor privado con expectativas de ingresos no hay problema, al tratarse de una inversión. Pero sí cuando no se trata de una inversión, sino de una ayuda por una actividad que el mercado privado puede realizar sin subvenciones como lo demuestra la existencia de varios estudios de cine en varios países de Europa.
El tribunal europeo concluía que el valor neto actualizado del proyecto suponía una pérdida de alrededor de 130 millones de euros y que para el período comprendido entre 2000 y 2006 era negativo en un importe de más de 57 millones de euros, resultados que fueron confirmados por un análisis de una consultora independiente.
Dado que la tasa interna de rentabilidad era muy inferior al coste del capital, la Comisión concluyó que existían razones objetivas para considerar que un inversor privado diligente no habría aceptado invertir en un proyecto que le ofreciese esa perspectiva de rentabilidad.
