Cuando hace dos años se constituyó la Sareb, el banco malo, no tenía la menor intención de acumular más activos, tanto financieros como inmobiliarios, de los que en ese momento le fueron transmitidos desde las entidades que habían recibido ayudas públicas. Pero una cosa es la teoría, y otra, muy distinta, lo que realmente está ocurriendo.
Al tratarse de una sociedad que tiene como único fin la liquidación de esos activos, lo que había que hacer es vender sin parar, y no aumentar la cartera. Y vender está vendiendo, pero también, muy a su pesar, está viendo cómo también aumentan esos activos.
No a través de compras, evidentemente, sino como consecuencia de la participación –en la mayoría de las ocasiones, como propietario mayoritario– en juntas de compensación en las que esos activos financieros acaban convirtiéndose en viviendas y, lo que es peor, suelos. Terrenos que, además, acarrean la asunción de cuantiosos gastos si lo que se pretende es ponerlos en valor para tratar de favorecer una mejor salida.
En Málaga se ha producido una de estas situaciones. El proyecto de reparcelación tramitado ha adjudicado los 177.000 metros cuadrados vacantes sobre los antiguos terrenos ocupados por la petrolera Repsol al Ayuntamiento y a la Sareb.
En este caso, como en tantos otros, este activo era la garantía del crédito que los antiguos propietarios no pudieron afrontar al quedarse en papel mojado el convenio urbanístico firmado en 2006, que obligaba a aquellos a pagar 82 millones de euros al Ayuntamiento de Málaga a triplicar la edificabilidad contemplada en el planeamiento. Solo ingresó 12. Los restantes 70 millones fueron compensados en aprovechamientos urbanísticos.
A la Sareb solo le corresponde una de las parcelas, aunque se trata de la que mayor enjundia tiene por su situación, junto a la avenida Juan XXIII y el futuro bulevar previsto una vez soterradas las vías del AVE. Se puede construir una torre de 35 plantas para 400 viviendas, además de casi 20.000 metros cuadrados de uso terciario.
Por su parte, el Ayuntamiento se queda con el resto de las parcelas en las que se pueden construir 500 pisos libres y 400 protegidos en edificios de entre 28 y 32 plantas, además de dos pastillas de uso terciario, con una edificabilidad total de 25.244 metros cuadrados, cuatro de equipamientos públicos, doce de zonas verdes libres y viales.
El proyecto de urbanización contempla una inversión de 18 millones de euros. El Ayuntamiento, como propietario mayoritario, de costear 10 y Sareb los 8 millones restantes.
