El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón sigue apostando por la cercanía y calidad en los servicios que oferta a la ciudadanía de la Comunidad. Para ello, el Ejecutivo autónomo ha aprobado el Decreto por el que se regula el funcionamiento de los Consejos Provinciales de Urbanismo.
Tras la aprobación de las modificaciones de la Ley de Urbanismo de Aragón y su texto refundido, el Ejecutivo autónomo ha adoptado el funcionamiento de los órganos colegiados que tienen asignadas competencias urbanísticas, es decir, los Consejos Provinciales de Urbanismo.
Se atiende, de esta manera, la nueva realidad legal surgida de la modificación de la Ley de Urbanismo de Aragón, que afectan a los órganos competentes. Con ese nuevo contexto resultaba conveniente dotarse de un nuevo reglamento que se adaptara a dicho cambio y que sirviera, a su vez, para mejorar el funcionamiento interno de los Consejos Provinciales de Urbanismo, dotar de una mayor transparencia a la actuación administrativa y proporcionar seguridad jurídica a los sujetos que directa o indirectamente intervienen o se ven afectados por las actuaciones urbanísticas.
Se trata de una modernización legislativa que pretende colaborar con la población aragonesa en los trámites que deben llevar a cabo en la materia. La directora general de Urbanismo del Gobierno de Aragón, Pilar Lou, ha asegurado que este cambio se ha materializado con “el sentido de ayudar a que el ciudadano tenga más cerca la administración que va a tomar las decisiones que le afecta a su entorno urbanístico.
Son los Consejos Provinciales los que van a adoptarlas a nivel de planeamiento general y, junto a ello, a ayudar a los ayuntamientos, en especial a los municipios pequeños, para tener una relación más directa y un principio de participación y colaboración mayor con esas localidades”, ha detallado.
Una parte del nuevo texto normativo viene a especificar la organización y funcionamiento de los Consejos Provinciales. La determinación de sus funciones, la obligación de dar publicidad de los acuerdos a través de su página web o la mayor accesibilidad que se pretende alcanzar son algunos de los objetivos que persigue la nueva normativa.
En ese sentido, Pilar Lou ha añadido que “este nuevo Decreto viene a actualizar y modernizar el funcionamiento y la organización de estos órganos colegiados. Esta reforma está apoyada en la más reciente jurisprudencia, en directivas europeas, en dar más participación y transparencia al funcionamiento de este órgano colegiado”, ha manifestado.
Una de las principales novedades es la recuperación de la figura de las ponencias técnicas, un grupo de expertos que ejercen una labor consultiva y asesora sobre las futuras decisiones a adoptar. La directora general de Urbanismo ha especificado que dichas ponencias “se reúnen de forma previa al Consejo, estudian y analizan los asuntos que va a conocer y hacen determinadas propuestas que luego se elevan al Consejo Provincial de Urbanismo. Éste es, por supuesto, el órgano máximo para tomar la decisión sobre un asunto pero tienen esa información, trabajo técnico y apoyo exterior que la Administración necesita para conocer cuál es la realidad fuera de sus paredes”, ha aclarado.
En definitiva, el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes va a seguir trabajando en esta línea para facilitar el trabajo en materia urbanística, lo que le permite ubicarse como una de las Comunidades Autónomas pioneras.
