La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha mantenido en Cádiz un encuentro con representantes de colectivos sociales, vecinales, de consumidores y profesionales, agrupados en la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna y contra la Exclusión, para analizar las diversas iniciativas puestas en marcha por su departamento en materia de vivienda.
Entre las diferentes medidas abordadas, Cortés ha puesto el acento en el reciente Plan Andaluz para el Alquiler Urgente de inmuebles protegidos vacíos promovido por la Consejería para conseguir que las 5.620 VPO nuevas pertenecientes a promotores públicos –ayuntamientos y diputaciones- y privados que actualmente están deshabitadas se ocupen de forma efectiva.
Según se desprende de las labores de inspección y censo realizados por la Junta de Andalucía, estos inmuebles constan sin contrato visado, por lo que se encuentran cerrados y sin uso. Cortés les ha trasladado a estos representantes que el objetivo de la medida es que este stock de VPO se alquile con precios asequibles y ajustados a la demanda en el plazo máximo de un año, dada la situación de emergencia habitacional que sufre Andalucía.
Esa finalidad ya se ha logrado prácticamente en el caso de los inmuebles protegidos construidos por la Junta en Cádiz, gracias a la puesta en marcha en mayo de 2013 del Plan de Acción, una medida con la que se ha logrado adjudicar y ocupar 85 –cinco de ellas en la capital- de las 95 VPO nuevas terminadas acogidas a la medida.
La titular de Fomento y Vivienda ha recordado que Cádiz es la segunda provincia de Andalucía con mayor número de inmuebles protegidos en manos de entidades financieras sin registrar en los registros municipales de demandantes de VPO, una obligación recogida en la normativa de vivienda.
En ese sentido, ha explicado que su departamento ha abierto cuatro procedimientos sancionadores a sendas entidades financieras por incumplimiento de las obligaciones inherentes a la titularidad de 30 inmuebles protegidos en la provincia de Cádiz, lo que podría conllevar la imposición de multas para el Banco Popular, BBVA, Servihabitat y Building Center.
En la reunión también se ha hecho alusión a las políticas de la Junta de Andalucía en materia de recuperación y mejora del parque residencial existente, eje del futuro Plan de Rehabilitación y Vivienda que ultima la Junta. En el marco de estas actuaciones de renovación, la Consejería entregará próximamente 13 pisos en la calle Torres a partir de una intervención de transformación de infravivienda y 55 inmuebles en calle Osorio.
También la consejera ha hecho balance del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, herramienta con la que la Junta trata de evitar los desahucios de familias en situación de exclusión social que se producen en la comunidad. De igual modo, la consejera ha destacado que la Junta continuará trabajando en la defensa del derecho humano a la vivienda a través de la Ley de la Función Social de la Vivienda, parcialmente suspendida por el recurso del Gobierno central, lo que impide, entre otros aspectos, continuar con las expropiaciones de inmuebles a las entidades financieras para evitar los desalojos de las víctimas de la crisis económica.
Al encuentro han asistido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Asociación Pro Derechos Humanos, la Fundación Dora Reyes, el Comedor Virgen Poderosa (Hijas de la Caridad, Cáritas Diocesana de Cádiz y Ceuta, la Federación de Consumidores FACUA, la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril y la Asociación de Vecinos Cádiz Centro. También han acudido el Grupo AC Arquitectos, y Fernando Vivas, concejal de IU en el Ayuntamiento de la capital.
