En Panamá, los modificados de toda la vida –en este caso, presentados por Sacyr y el resto de empresas que forman el pull de empresas concesionarias de la ampliación del Canal– no han colado. Han sido durante décadas la bicoca de las empresas adjudicatarias de obras públicas en España, pero parece que en el exterior no han sabido verlo así.
Todo un montaje–ahora menos por los apenas contratos que se firman– en connivencia perfecta entre las Administraciones Públicas contratantes de las obras y los contratistas, con esas comisiones de las que todos eran partícipes en mayor o menor medida. Los que las daban y los que las recibían.
Se licitaban las obras de una carretera, de un trazado férreo o de unos pisos de protección oficial por un precio, el que fuera, y luego las ofertas se realizaban a la baja, adjudicando el contrato a la que, supuestamente, resultara más rentable para las arcas públicas sin que llegara a ser considerada como baja temeraria, manifiestamente imposible de ejecutar a ese precio.
Solo supuestamente, porque luego la realidad se encargaba de certificar que, al final, con las cantidades adicionales abonadas por estos modificados, el precio pagado por las Administraciones Públicas resultaba ser igual o, en la mayoría de los casos, superior a aquel precio de licitación con el que la obra salió a concurso. Y a más modificados, más beneficios.
Es cierto que, como alegaban en su defensa los constructores, en ocasiones estos modificados eran a todas luces necesarios –aunque, quizá, no por cantidades tan elevadas– como consecuencia de un deficiente proyecto previamente elaborado por la Administración, especialmente en trazados de carreteras o vías férreas.
Pero también se pagaron sobrecostes en obras cuyos proyectos habían sido realizados por las propias constructoras o en la construcción de pisos, donde los modificados resultaban difícilmente justificables.
Y si funcionó en España porqué no iba a funcionar en otros sitios, se dijeron esos grandes constructores que, ante la caída de la actividad interna, salieron al mercado exterior en busca de contratos.
Pues, a la vista de lo ocurrido en la ampliación del Canal, las cosas, fuera, no funcionan así. No tragan con estos tejemanejes a los que las constructoras españolas estaban y están tan acostumbrados. Resulta que el coste del contrato es el que es, el que se firmó entre las partes tras la adjudicación de la obra. Ni un dólar más.
