El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha dejado sin tocar ningún tema en su último informe en relación a la economía española. El de la vivienda y todos los asuntos colaterales que cuelgan de este asunto, tampoco.
De entrada, el informe de los técnicos que estuvieron en Madrid a mediados de junio vuelven a señalar que el 30% de bajada media acumulada por los precios de la vivienda será insuficiente, y que al menos deberá acometerse un ajuste que sitúa en torno al 15% adicional.
En una comparativa con la situación acaecida con Irlanda, en busca de similitudes, llegan a la conclusión de que esa corrección, en España, no ha sido tan intensa. De ahí que se prevea esa rebaja progresiva hasta que los precios, como algunos ya han vaticinado, se recorten a la mitad desde los máximos alcanzados en 2007.
En cuanto a las medidas contra el creciente número de desahucios tomada por el Gobierno español, el organismo dirigido por Christine Lagarde reconoce que van en la buena dirección, pero no son suficientes para ayudar a los individuos sobreendeudados, pero financieramente responsables.
Por ello, propone, un enfoque más amplio que incluya un régimen de insolvencia personal eficaz con condiciones estrictas de elegibilidad para que personas que demuestren claramente su insolvencia procedan a enajenar sus activos, incluyendo sus casas, para pagar sus deudas pendientes y, de esta forma, se mantengan financieramente responsables durante un periodo razonable de tiempo (normalmente, de 3 a 5 años) para tener la posibilidad de iniciar una nueva andadura personal y profesional. O sea, que, a partir de ahí, queden liberados de pagar sus deudas.
El Gobierno español ha preferido no ir más allá en las medidas contra los desahucios al aceptar los argumentos de la banca sobre el riesgo para la cultura de pago y para la estabilidad financiera.
El FMI replica que otros países, entre ellos varios de la UE desde la crisis, ya han introducido este tipo de regímenes sin poner en peligro la estabilidad financiera o de crédito que afecta a la disciplina y la cultura de pago.
El informe recoge la respuesta del Gobierno, que considera adecuadas las medias que ha adoptado. "En la situación actual, un régimen de insolvencia personal que incluya una solución diferente para las hipotecas podría sobrecargar los tribunales, dar lugar a estrategias de impago y poner en peligro la fuerte cultura de pago de España", alega el Gobierno.
