Año y medio después de reconocer su insolvencia y solicitar al juez la entrada en procedimiento concursal, Rayet Construcción, una de las empresas del grupo dirigido por Félix Abánades, ha logrado que, al menos de momento, no se entre en vía de liquidación y se abra una puerta a la esperanza para posibilitar la viabilidad futura de la empresa.
El juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid ha aprobado la propuesta anticipada de convenio de acreedores presentado, que posibilita poner fin a la fase común del concurso y poner las bases para que los acreedores cobren parte de los casi 34 millones de euros. Ahora, cada seis meses la compañía deberá informar del cumplimiento del convenio. De no hacerlo, se reabriría el concurso.
Parte de la deuda, no toda. En la propuesta de convenio se hace referencia a que la misma sólo afecta a los créditos concursales, es decir, aquellos nacidos con anterioridad al Auto de declaración de concurso de la sociedad, los cuales quedaría novados y sustituidos por los que resultarían de aplicar dicha PAC.
Rayet Construcción se ha comprometido a realizar el pago completo de los créditos de acuerdo con cualquiera de las cinco fórmulas alternativas que contiene, siendo la aplicada la que cada acreedor elija. Una primera, consistente en el pago en metálico con quita y espera, por la que los acreedores que la elijan verán como su crédito queda disminuido en un 30%, siendo el restante 70% abonado en cinco plazos anuales sucesivos.
Una segunda alternativa, la del pago en metálico con quita y prontitud, con la que el crédito queda disminuido en un 65%, siendo el restante 35% abonado en un único pago. La tercera fórmula pasaría por el pago en metálico con espera y capitalización, sin quita alguna y a cobrar en tres fases (25% en el primer año, un 15% en dos plazos al cumplirse el cuarto y quinto año y el 60% restante mediante la conversión en acciones de la concursada.
La capitalización íntegra con la conversión del crédito en su totalidad en acciones de la concursada, y la conversión en créditos participativos serían las dos últimas fórmulas a las que podrían acogerse los acreedores concursales. El que no manifieste ninguna elección a las propuestas anteriores, quedará acogido a la última fórmula de transformación del crédito en crédito participativo.
De los 34 millones de euros de deuda, unos 20 millones corresponden a los proveedores, entre 2 y 3 millones de euros se adeudan a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, otros 5 millones a entidades financieras y alrededor de un millón de euros a los empleados.
