El pleno de la Eurocámara ha aprobado un informe no vinculante sobre la situación de la vivienda social en la UE en el que emplaza a los Estados miembros a que contemplen la dación en pago o la renegociación de la deuda para los deudores y las familias en quiebra.
El texto también alerta sobre el "drama social" de los desahucios "en un contexto de grandes ayudas públicas al sistema financiero" y reclama a los países de la Unión que impidan que las familias desahuciadas tengan que seguir pagando las hipotecas.
El párrafo referido a la dación en pago y los desahucios, aprobado por 318 votos a favor, 269 en contra y 52 abstenciones, "pide que la normativa europea sobre hipotecas incorpore las mejores prácticas que sean más favorables para los consumidores".
Igualmente, aboga por que "se incluyan procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago para los deudores y las familias en situación de quiebra" y exhorta a los Estados miembros a que "impidan que las familias desahuciadas sigan teniendo que devolver sus créditos hipotecarios".
La Comisión y a los Estados Miembros deben "abordar la solución del drama social que plantean los desahucios y la pérdida de la vivienda para los más afectados por la crisis económica y el desempleo". Además, el texto "recuerda que estos se producen en un contexto de grandes ayudas públicas destinadas al saneamiento del sistema financiero europeo" y "pide a los Estados miembros que se esfuercen por ofrecer soluciones alternativas a los desahucios".
El texto final del informe, elaborado por la eurodiputada francesa de los Verdes Karima Delli, fue aprobado con un total de 353 votos a favor, frente a 151 en contra y 189 abstenciones. En líneas generales, el informe subraya que la vivienda social no debe ser tratada como un simple gasto, sino más bien como una inversión que contribuye a la creación de puestos de trabajo.
Durante la votación, los eurodiputados rechazaron, por 305 votos frente a 322 y 55 abstenciones, un párrafo que proponía la "aplicación de políticas eficaces, en estrecha colaboración con las organizaciones de inquilinos, de prevención de los desahucios por impago del alquiler, especialmente en el caso de los hogares más vulnerables y, en particular, en períodos de mucho frío, ya que, más allá del drama humano que representan para las familias, es menos costoso para las autoridades competentes asumir los alquileres y los retrasos de las personas amenazadas de desahucio".
Los eurodiputados instan a los Estados miembros a que garanticen que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una vivienda, procurando que los aumentos de alquileres se basen en una "objetivación de los precios", es decir, un método que garantice un aumento moderado de los precios de la vivienda, y en la adaptación de la política fiscal, con el fin de poner coto a la especulación.
El informe también trata el problema de la lucha contra la pobreza energética. En concreto, la Eurocámara defiende la creación de regímenes financieros específicos para los hogares más vulnerables en relación con los costes de la energía (como la tarificación justa de la energía, las ayudas específicas o integradas en otras ayudas sociales, la prevención del impago de facturas y la protección contra los cortes de suministro).
En el debate celebrado, la ponente señaló que "hay que invertir en vivienda social para ayudar a salir de la crisis. La vivienda social permite prevenir la caída de precios en el mercado privado, así como burbujas inmobiliarias como las vividas en España e Irlanda".
La vivienda no debe verse como un gasto, sino como una inversión de futuro. Es necesario instaurar un observatorio europeo de la vivienda y poner en marcha un plan de lucha para que las personas no se queden sin hogar", agregó.
El socialista Alejandro Cercas abogó por "una política europea que dé soluciones a quien hoy tiene dificultades y que no permita situaciones como las de España, donde millones de personas están amenazadas y cientos de miles han sido arrojadas de sus viviendas". Cercas defendió "un proceso de renegociación de la deuda o la dación en pago de tal manera que tengan una segunda oportunidad. Si esto lo tienen las empresas deben tenerlo las familias que han caído en quiebra".
Por su parte, la eurodiputada de los Verdes Ana Miranda acogió positivamente "unas propuestas que dan respuesta al drama social que muchas familias están sufriendo en España, a la situación hipotecaria y a la expulsión de las personas de su propia vivienda".
