La agencia de calificación Fitch advierte de que la legislación andaluza que ha permitido evitar el desahucio de un deudor hipotecario moroso subraya el riesgo de que se produzca un debilitamiento en la aplicación de la normativa hipotecaria española. En concreto, el pasado 23 de mayo se hizo oficial la primera expropiación de una vivienda en Andalucía para impedir el desahucio de su propietaria por el riesgo de exclusión social aplicando la nueva legislación autonómica.
"El hecho de que el desahucio fuera interrumpido antes de que tuviera lugar sugiere que este tipo de acciones no puede aplicarse retrospectivamente", apunta la calificadora de riesgos.
Asimismo, Fitch apunta que existen varias incertidumbres sobre la aplicación de la normativa andaluza, puesto que "no está claro quién correrá con los gastos corrientes o el alquiler de la propiedad durante el periodo que las autoridades andaluzas determinen que debe ser alquilado al ocupante".
De este modo, la agencia señala que este tipo de legislaciones y la incertidumbre relativa respecto a la aplicación del proceso de ejecución hipotecaria se encuentran entre las causas para asignar en marzo de 2013 una perspectiva 'negativa' a todos los tramos de bonos españoles de titulización hipotecaria de inmuebles residenciales (RMBS), así como para ampliar a cuatro años el tiempo estimado para completar las ejecuciones de hipotecas residenciales morosas.
El decreto andaluz ha sido uno de los aspectos sobre los que los inspectores de la troika, formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, más interés han mostrado durante su reciente visita a Madrid. Han querido conocer el impacto del mismo en la cuenta de resultados de los bancos.
Antes de su llegada, la Comisión Europea ya había pedido informes al Gobierno, no en vano se trata de una medida que tiene una incidencia material en el sistema financiero y que, además, no estaba contemplado en el Memorando al que España se comprometió el pasado año cuando firmó la línea de crédito de hasta 100.000 millones para sanear el sistema financiero.
