El presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, y el de Construmat, José Miarnau, acompañados por el presidente de CEOE, Juan Rosell, han presentado el “Plan de Acción CONSTRUMAT para impulsar la economía desde la industria de la construcción”, elaborado con motivo de la 18ª edición de Construmat de Fira de Barcelona.
En el acto, celebrado en la sede de CEOE, Juan Rosell apuntó que “la economía está ya en un punto plano”, y señaló a la construcción como uno de los sectores esenciales para salir de la crisis, destacando el ámbito de la rehabilitación y la simplificación administrativa en el sector como colaboradoras necesarias en ese sentido.
Por su parte, los presidentes de CNC y Construmat incidieron en señalar que sin la construcción no se saldría del desempleo ni de la crisis. Juan Lazcano y José Miarnau resaltaron la necesidad de poner en marcha una serie de medidas consensuadas entre todos los agentes del sector, con el objetivo de lograr la reactivación de un sector fundamental para la economía española.
En concreto, el sector reclama un plan de choque después de haber perdido en cinco años, según el estudio presentado, 170.000 empresas y 1,5 millones de empleos. El Plan de Construmat propone actuaciones en el ámbito de la obra pública, la fiscalidad o la rehabilitación, ente otros.
En total, contempla 14 medidas realizables “que requieren de la actuación de las administraciones públicas a todos los niveles”. En este sentido, la industria de la construcción reclama la existencia de un interlocutor único e interministerial “que se comprometa a elaborar un Plan Estratégico” para el sector, y se comprometa a elaborar el demandado programa de inversiones por 9.000 millones en tres años.
También urge la habilitación de líneas de financiación y bonificaciones fiscales para que los propietarios de viviendas se lancen a hacer reformas. Los colectivos de la construcción demandan a continuación un programa de mantenimiento del parque público de edificios, medidas contra la economía sumergida, programas de formación, estabilidad en la licitación de obra pública o que se imponga una moratoria en las reservas de suelo para vivienda protegida.
