Madrid. El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, no quería acabar el año sin engullir definitivamente a Banesto dentro de la estructura del banco, y ya lo ha hecho. El anuncio culmina la hoja de ruta diseñada la pasada primavera, iniciada con la fusión de las filiales inmobiliarias de ambas entidades, Altamira y Mesena.
La operación, culminada el pasado mes de septiembre, buscaba agilizar la gestión de los 8.600 millones que tiene en activos adjudicados por la crisis del ladrillo, y que en 2011 perdieron, entre ambas, 930 millones de euros. Fuera de la nueva sociedad fusionada quedaban, en principio, los activos de segunda mano o procedentes de embargos, que seguirían bajo la gestión de Santander y de Banesto por separado. Algo que, con la absorción de Banesto, también quedo engullido.
En esa fusión entre Altamira y Mesena también quedó fuera la sociedad Aktua, otra filial de Banesto dedicada a la gestión de activos inmobiliarios y recobro de carteras de crédito. Negocio del que Banesto se deshizo hace un mes cuando se lo vendió, por unos 100 millones de euros, al fondo de inversión Centerbridge.
Una ‘special server’ que se ocupa de ordenar, controlar y optimizar carteras inmobiliarias de las entidades financieras, de las que reciben clientes en mora y a las que luego, pasado un tiempo, devuelven un importe correspondiente a la venta del inmueble. Aktua seguía el mismo camino que, en marzo pasado, había corrido Reintegra Comercial, la filial de servicios de recobro del Santander, vendida a los noruegos de Lindorff, propiedad de dos fondos de capital riesgo.
La integración de Altamira y Mesena ha dado lugar a la mayor inmobiliaria de España, con sus 3.500 millones de euros en viviendas en construcción o terminada, y una exposición al ladrillo de 32.000 millones de euros, de los que 8.600 millones son ya activos adjudicados. Cifra que triplica la que tenía a principios de 2009, cuando constituyó Altamira. Además, tiene un riesgo adicional de 6.700 millones en préstamos a clientes considerados dudosos y que ya han entrado en mora, y otros 3.900 millones calificados como subestándar, es decir, aquellos créditos que corren el riesgo de entrar en mora a corto y medio plazo.
