Madrid. Estaba en el 23% a finales de marzo, y seguramente hoy, a punto de cerrar el segundo semestre, rozará ya, si no lo supera, el 25%. Porcentaje estratosférico el de la morosidad de los créditos otorgados por las entidades financieras para actividades inmobiliarias. Son ya casi 67.500 de los 296.000 millones de saldo vivo de esta cartera crediticia el importe que los promotores han dejado de pagar, y el agujero representa ya el 58% de los impagos del conjunto de la morosidad empresarial a pesar de que el volumen crediticio de este segmento representa apenas el 30% del total.
Y en el ambiente subyace la gran duda. ¿Hasta dónde subirá esta morosidad teniendo en cuenta que en tan solo un año se ha incrementado en 20.000 millones de euros? Nadie dentro de España se atreve a lanzar una cifra, pero seguramente sí lo hagan esta misma semana los consultores Oliver Wyman y Roland Berger cuando destapen, en sus respectivos informes, el alcance del quebranto adicional existente en los balances de las entidades.
No sería descartable que estas consultoras, ajenas a los tejemanejes que la banca se trae entre manos con esos procesos de refinanciación de deudas de los promotores a todas luces ilusorios, pusiera sobre la mesa la cruda realidad de que la mitad, por poner un dato, de esos casi 300.000 millones de crédito con finalidad inmobiliaria nunca se podrá devolver. Hablaríamos entonces de que los impagados no serían los oficiales 67.000 millones sino más de 130.000 millones.
La práctica paralización de la actividad inmobiliaria, el principal motivo de que aumente esta morosidad por esas promociones empantanadas desde hace cuatro años o esos suelos que se quedaron con las calles a medio hacer, incide en otro dato a tener en cuenta para entrever lo pesada que está resultando la digestión de las excesivas alegrías de los tiempos de bonanza, como son los apenas 10.000 millones en los que se ha visto reducido el crédito promotor en los últimos cuatro años.
