Madrid. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que se trata de una nueva reforma estructural que pretende “mejorar la competitividad, simplificar la burocracia que afecta a los transportistas e incrementar la transparencia y profesionalidad en un sector clave de la economía”.
El texto, incorpora distintos reglamentos comunitarios, y se suma a las reformas emprendidas por el Gobierno para facilitar la relación entra las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Según la vicepresidenta, supone “menos burocracia, menos licencias, más agilidad y profesionalidad”.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha señalado que la futura ley incrementa la flexibilidad a las empresas para poder operar en el mercado del transporte de carretera. Será posible realizar el transporte y las operaciones de subcontratación del mismo con una única autorización. Además, se podrán hacer todas las gestiones administrativas con la autoridad competente a través de Internet. De esta manera se reducirán los costes y el tiempo de tramitación de las solicitudes.
Asimismo, se aumenta de seis a doce mil euros el límite económico para poder acudir a las Juntas Arbitrales y resolver posibles desacuerdos en los contratos, según ha destacado la ministra.
Como nuevos requisitos para dar seguridad jurídica a los clientes, Ana Pastor ha señalado que ni la empresa ni el gestor del transporte podrán haber sido condenados por delitos o faltas penales ni sancionados por faltas graves en los ámbitos mercantil, social, laboral y de seguridad vial. Además, tendrán que tener una sede física, poseer la capacidad financiera necesaria y competencia profesional.
La ministra de Fomento también ha indicado que se refuerza el marco legal para impedir el intrusismo. Sólo podrá contratar y facturar el servicio de transporte quien tenga autorización para ello.
Todas las medidas expuestas afectan tanto al transporte de mercancías como al transporte discrecional de viajeros. Se mantiene el principio de exclusividad en el servicio de concesión porque, a juicio de la ministra, “favorece la cohesión territorial y garantiza la movilidad de todos los ciudadanos por igual, no requiere de subvenciones y los precios son inferiores y competitivos respecto a otros modelos de transportes”.
Ana Pastor también ha explicado que se permitirá realizar el transporte escolar y de trabajadores de forma combinada. Esto significa que rutas escolares que no se cubrían ahora se cubrirán porque podrán viajar junto a los niños las personas adultas de la localidad.
La nueva ley establece un canon en las concesiones, que pagará el adjudicatario. Se hará un registro público de contratos, que los ciudadanos podrán ahora consultar. La ministra de Fomento confía en que el texto obtenga el máximo consenso con todos los actores implicados.
