Málaga. Hoy se han publicado los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre desahucios y embargos en nuestro país. Se ha constatado que crecieron un 22% hasta los 58.241 expedientes, la cifra más alta desde que se tiene registro. En los últimos cuatro ejercicios, se han tramitado 166.700 expedientes.
Aunque se señala que las ejecuciones hipotecarias han bajado algo (77.854) siguen estando lejos del año en 2010, con 93.636 procedimientos. Estos datos reflejan las causas de los conflictos y su impacto en las familias españolas, bien sea por impagos de rentas de alquiler (desahucio) o bien por no hacer frente al préstamo hipotecario (embargo y posterior lanzamiento para recuperar el banco la vivienda).
Por Comunidades Autónomas: La región mas afectada el año pasado, con diferencia, fue la Comunidad Valenciana, con 13.711 desahucios, seguido de Andalucía con 9.864 y Madrid con 9.460 expedientes. La menos afectada fue La Rioja, con 244.
Mediación Social y Negociación: Lo cierto es que dadas las cifras presentadas se desconoce el numero de casos que si han podido refinanciarse o resolverse por otras vías (negociación bancaria o mediación residencial) ya que se están practicando en diversas comunidades autónomas como Cataluña o País Vasco la resolución extrajudicial de conflictos en materia de vivienda , también algunos colegios profesionales que firman acuerdos de mediación hipotecaria (Cantabria, granada, Jerez..) y entidades sin animo de lucro que a través de acuerdos puntuales con entidades publicas y servicios sociales ofrecen asesoramiento, orientación y mediación residencial y social , como es el caso de Caritas Diocesana y Prohabitatge en Cataluña.
Código de Buenas practicas: Al amparo del nuevo Código de Buenas practicas si se están sumando un gran numero de entidades bancarias con el objeto de poder acogerse, refinanciando y renegociando con sus clientes las condiciones de sus prestamos, a través de una quita en la deuda o con la dacción en pago, evitando el desahucio final y el riesgo de exclusión social en el que se encuentran inmersas multitud de familias. Aunque el carácter voluntario de la misma deja en manos de las propias entidades esta posibilidad de acceder a este código, algunas entidades sociales y plataformas ya han puesto el grito en el cielo sobre la restricción en las condiciones del mismo y su efectividad sobre los afectados.
Ayer, el Congreso convalidó el decreto, con los votos en contra de PSOE y UPyD, por considerar que quedan fuera del mismo una gran parte de la población (96%)
Autora: Silvia Velasco Navarro. Experta en mediación de conflictos financieros e inmobiliarios.
Más información: BOE, diario Expansión e Intereconomía.
