Zaragoza. Adaptar la normativa urbanística a las necesidades de cada territorio, promover la rehabilitación, agilizar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, implantar un transporte a la demanda, disponer de un plan de conservación de carreteras eficiente, impulsar los desdoblamientos de la Nacional 232 y de la N-232 así como la Travesía Central Pirenaica son algunas de las líneas de actuación que regirán la acción del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes del Gobierno de Aragón en la presente legislatura, dirigido por Rafael Fernández de Alarcón.
El consejero ha apostado, en su comparencia a petición propia en las Cortes, por implantar servicios de calidad para los ciudadanos con la premisa de que las infraestructuras, el transporte y la vivienda favorezcan el desarrollo económico de la Comunidad con la creación de empleo estable y de calidad, factores que, a su vez, ayuden a dinamizar el sector empresarial para favorecer la creación de riqueza.
Así, Rafael Fernández de Alarcón ha anunciado la presentación de un “nuevo proyecto de Ley urbanística de Aragón para que el urbanismo sea un medio para conseguir una mejor calidad de vida de los ciudadanos”. En este sentido con respecto a la vivienda ha presentado “la creación de una mesa de concertación sobre la problemática de la vivienda en la que vamos a reunir a todos los colectivos interesados para analizar y para encontrar caminos nuevos y vamos a apostar también desde el Departamento por la vivienda social basada en el alquiler de vivienda para los más necesitados”, ha subrayado.
Durante su comparecencia el consejero de Obras Públicas se ha referido al Plan Red y ha señalado que “estamos trabajando en ver como sustituimos este Plan por un plan de conservación de carreteras viable que aporte el doble de esfuerzo presupuestario en conservación de carreteras del que se ha aportado en los últimos años, lo que no podemos es entrar en una ampliación de la deuda y comprometer el trabajo de los nueve próximos gobiernos de Aragón”, ha subrayado.
Asimismo, Rafael Fernández de Alarcón ha mostrado el compromiso del Ejecutivo con la Travesía Central Pirenaica ya que “es un proyecto para el ferrocarril de mercancías, para que la Península Ibérica sea competitiva en las relaciones de mercancías con Europa porque permite 60 millones de toneladas año por lo que espero hablar con las comunidades de Valencia y Murcia para que se incorporen a este proyecto porque pensamos que toda Europa necesita de la Travesía Central del Pirineo”, ha explicado.
Como objetivo prioritario el Departamento busca lograr la eficiencia, seleccionando adecuadamente las infraestructuras en función de su contribución al desarrollo económico y social de Aragón e invirtiendo en función de las posibilidades financieras sin aumentar la deuda. Se aplicará para ello criterios técnicos con el fin de establecer las prioridades y se apostará por concertar sistemas de financiación y gestión compartida con otras Administraciones y entidades públicas y privadas.
En materia de urbanismo, se propone adaptar la normativa vigente a las necesidades de cada lugar para simplificar su gestión en los pequeños municipios. Se apuesta por revisar la normativa para permitir una gestión ágil que favorezcan la implantación de industrias y servicios e inversiones que sustenten la actividad económica. También se pretende, además, clarificar las competencias de cada uno de los actores que tienen responsabilidades en el urbanismo. Por todo ello, está prevista la revisión de la actual Ley de Urbanismo de Aragón.
Entre otras medidas, se propone adaptar las cargas urbanísticas a las necesidades de Aragón y de cada municipio dentro del marco legal básico para evitar su uniformidad contenida en las actuales normas y facilitar a su vez el acceso a la vivienda. Además, se coordinarán y simplificarán los procedimientos administrativos que regulan la intervención de distintos órganos de la Administración Pública sobre el uso del suelo, la calificación y la autorización de actividades.
Uno de los objetivos pasa por facilitar el acceso del ciudadano a una vivienda digna lo que permita a su vez promover la recuperación de la inversión y el empleo. Se propone para ello la creación de una Mesa de Concertación integrada por municipios, entidades financieras, promotores, cooperativas, consumidores, sindicatos y distintos agentes de este área para buscar el método que permita ayudar a reactivar este sector.
Por ello, entre las iniciativas destacan la simplificación administrativa en la concesión de ayudas a la vivienda, el fomento de la vivienda de alquiler, la potenciación de la rehabilitación y el diseño de un programa de vivienda social.
