Valladolid. El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado unas directrices vinculantes para todos los órganos de la administración, que permitirán anticipar 469 millones de euros en inversiones públicas con el fin de estimular la actividad y el empleo en el sector de la construcción, uno de los más castigados por la crisis económica. El acuerdo fija el 30 de junio como fecha límite para licitar o adjudicar obras por ese importe. Junto a esto, establece que al menos 373 millones se contratarán antes del 30 de abril.
Los últimos indicadores sobre la evolución del Producto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León revelan la incipiente recuperación de la agricultura, la industria y los servicios. La construcción, sin embargo, continúa en tasas negativas de crecimiento. Se trata de un sector muy relevante para la economía regional, puesto que supone más del 9% del PIB de la comunidad y da empleo a alrededor del 10% de la población activa de Castilla y León a través de 29.000 empresas.
El Gobierno autonómico ha demostrado reiteradamente su apuesta por la mejora de las infraestructuras de la región. El anticipo de las inversiones previstas en este campo supone continuar con esta política, y tiene como ventaja añadida que permite generar actividad y puestos de trabajo en uno de los sectores que más están padeciendo las consecuencias de la crisis.
Esta decisión se ha plasmado en unas Directrices Vinculantes en materia de Inversiones, que por tanto son de obligado cumplimiento para todos los órganos de la Administración autonómica. En virtud de este documento y a propuesta de la Consejería de Hacienda, la Junta se compromete a tener adjudicados o en fase de concurso 469 millones de euros en obra pública antes de que acabe el primer semestre de 2011. De ellos, 373 millones se licitarán en los cuatro primeros meses de este año.
Apoyo continuado al sector
La Junta ha aprobado estas Directrices Vinculantes en uso de las atribuciones que le otorga el artículo 16 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La utilización de esta potestad para apoyar a la construcción no es nueva, sino que tiene como precedente directo las medidas de reactivación económica que aprobó el Ejecutivo autonómico el 8 de mayo de 2008.
A esto hay que añadir dos regulaciones similares del 8 de enero y el 8 de abril de 2009, que se centraron en fomentar la inversión pública, reducir los costes financieros de las empresas y agilizar los procedimientos administrativos. Por último, conviene recordar que el 20 de enero de 2011 la Junta dio luz verde a otras directrices dirigidas a proporcionar mayor liquidez a las sociedades que contratan con el Gobierno regional, mediante la prórroga de la eliminación de las garantías provisionales, la limitación a un mes del plazo para devolver o cancelar las definitivas y la factura electrónica.
