Madrid. Las 71.187 ejecuciones hipotecarias realizadas entre enero y septiembre de 2010 representan un aumento de más del 8% respecto al mismo periodo del año anterior, y ya son tres veces más de las que se acometían hace tres años, al inicio de la crisis, según la información estadística recabada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Comunidad Valenciana, Catalunya y Andalucía agrupan casi la mitad de los embargos hipotecarios.
Las ejecuciones hipotecarias, que reclaman sobre todo las entidades financieras y que afectan tanto a particulares como a empresas, alcanzaron su máximo nivel en el primer trimestre de 2010, cuando se contabilizaron 27.561 demandas.
Casi una de cada cinco solicitudes de ejecución hipotecaria de las registradas entre enero y septiembre se presentó en la Comunidad Valenciana, que, con 14.086 casos, lidera el ránking autonómico a falta del último trimestre del año. Le sigue Catalunya, con 14.007; Andalucía, con 13.242, y Madrid, con 8.078. Donde menos embargos hipotecarios se han pedido ha sido en La Rioja (486), Navarra (521) y Cantabria (528).
Ya en 2009 se registró una cifra récord de reclamaciones en toda España, con 92.632 en todo el año, un 59 por ciento más que en 2008, año en el que la crisis se desató en todo su apogeo y en el que se duplicaron los casos.
Con las demandas de ejecución por impago de hipoteca se permite que las entidades financieras u otros acreedores subasten el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses.
El CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces, ha avisado en repetidas ocasiones de que las estadísticas no dan la “idea real” de todos los inmuebles que se están ejecutando en los juzgados, porque una única petición puede conllevar la subasta de varios bienes, de modo que «puede ser todavía más alarmante el incremento detectado”.
Varias sentencias dictadas en las últimas semanas han puesto en tela de juicio el procedimiento legal para saldar la deuda hipotecaria en España, que establece que la mera entrega de la vivienda no es suficiente si su venta o subasta no alcanza la cantidad prestada.
