Toledo. La aprobación de la Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda convierte a Castilla-La Mancha en la primera Comunidad Autónoma que garantiza por ley este derecho constitucional. El nuevo marco legal establece un sistema sencillo, transparente, objetivo y socialmente justo de garantizar el acceso a la vivienda, convirtiendo a Castilla-La Mancha en la primera comunidad autónoma que establece este sistema de garantías para permitir que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda digna.
En este sentido, la emancipación de los jóvenes se establece como el principal objetivo de esta Ley, pero a su vez, supone un importante apoyo a la actividad y el empleo en el sector de la construcción, ya que todas las administraciones públicas, fundamentalmente ayuntamientos y Gobierno regional, deben impulsar nuevas promociones de viviendas protegidas en las zonas donde exista una demanda de vivienda. Además el sistema de garantías también contribuirá a fomentar el mercado del alquiler.
Esta Ley establece el compromiso, la garantía, de que todos los castellano-manchegos que cumplan los requisitos tienen derecho a que se les adjudique una vivienda protegida, y fija un plazo para ello de un año desde que se inscriba en el Registro de Demandantes.
Las circunstancias del mercado de suelo y de vivienda pueden llevar a la situación de que no en todos los momentos ni en todos los lugares se dispongan de viviendas adecuadas a las necesidades y posibilidades de las personas demandantes. Para ello, se establece el sistema de Garantías de Acceso a la Vivienda: una ayuda que permite acceder a una vivienda en el mercado libre en tanto se le puede ofrecer una vivienda protegida.
También se regula el procedimiento para la determinación del importe económico de la garantía de acceso a la vivienda. Esta ayuda se establece como la diferencia entre la renta mensual del alquiler de una vivienda y el coste de la cuota mensual por compra de una vivienda protegida.
Con ello, los que están en esta situación de esperar que se les adjudique una vivienda protegida no tendrán que hacer un esfuerzo superior al que les corresponderá cuando sean adjudicatarios de una.
Esta garantía se regulará reglamentariamente y se modulará anualmente considerando el precio medio del alquiler de la zona para una vivienda adecuada al tamaño de la unidad familiar de que se trate.
El texto también prevé la elaboración de un informe anual de seguimiento de la aplicación de la Ley y que se presentará a la Comisión Regional de Vivienda con el fin de evaluar periódicamente los resultados de la Ley.
La Ley también contempla los requisitos necesarios para poder acogerse a esta garantía de acceso a la vivienda, como son: llevar inscrito al menos 1 año en el Registro de Demandantes de Vivienda y tener cumplidos 22 años. Hay que pensar que se trata de viviendas de emancipación. En este sentido, estos requisitos son similares a los que se establece en la Renta Básica de Emancipación. Por tanto, la ley guarda prefecta coherencia con otras normas de carácter estatal previstas para facilitar el acceso a al vivienda.
También hay que estar empadronado en algún municipio de Castilla-La Mancha con una antigüedad de 3 años; disponer de una fuente regular de ingresos, y que está no sea superior a 2,5 veces IPREM, de acuerdo con lo que establece la normativa de vivienda protegida.
Por último, impone al beneficiario la obligación de participar en los procesos de adjudicación de viviendas protegidas que se inicien a partir de ese momento, con el fin de que pueda acceder de forma definitiva a una vivienda protegida.
