El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado que desde su departamento, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), va a abrir un expediente sancionador contra la empresa Promociones Amojo SL, por incumplir el Real Decreto 2066/2008 que regula el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 al que se acogió esta empresa en 2013 para obtener una subvención a cambio de declarar a las 66 viviendas de Las Acacias, situadas en Granadilla de Abona, como de protección oficial y promoción privada.
Dicho Plan estipula que la venta o transmisión de este tipo de viviendas, aunque sean de promoción privada, deben contar con la autorización previa del Gobierno de Canarias, autorización que nunca se ha concedido.
Este expediente sancionador sirve, además, como anticipo al siguiente paso que la Consejería pretende dar en este caso para defender los legítimos derechos de los arrendatarios de las 66 viviendas del Residencial Las Acacias, que es la presentación de una demanda civil para declarar la nulidad de todas las ventas a las que se han sometido estas casas.
Para poder presentar esta demanda, la Consejería trabaja ya con el Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma para estudiar la viabilidad de activar un proceso contencioso por la vía civil que anule la primera y sucesivas ventas de estas viviendas de protección oficial de promoción privada, al realizarse sin autorización previa. Además, el Real Decreto antes mencionado estipula que estas viviendas de protección oficial en Las Acacias están sujetas a un régimen legal de protección durante 30 años.
Estos serán los principales argumentos que empleará la Consejería para sancionar administrativamente a la promotora original e intentar anular judicialmente la venta de las casas de Las Acacias, al considerar que la transmisión de la propiedad de estas viviendas protegidas de una empresa a otra ha sido «irregular» al quebrantarse las estipulaciones del Real Decreto que establece la obligatoriedad de solicitar la autorización previa del Gobierno a través del ICAVI, algo que nunca se hizo.
La Consejería abre de esta forma dos líneas de actuación para preservar y defender los derechos de estas familias que viven como arrendatarios en Las Acacias. Por un lado, por la vía administrativa, se abre un procedimiento sancionador que podría derivar en una sanción a la promotora original de estas casas, y por el otro, y por medio del Servicio Jurídico de la Comunidad Autónoma, se abre un contencioso judicial de naturaleza civil para anular las ventas de las viviendas al considerar la Consejería que estas operaciones son fraudulentas por tratarse de viviendas que siguen sometidas al régimen de protección oficial y que no pueden ser vendidas sin autorización previa del Gobierno.
La Consejería, con el interés de la defensa del interés general y especialmente el de las 66 familias afectadas por estas ventas irregulares de sus viviendas protegidas, da un paso más en el apoyo a estos afectados con los que ya se han coordinado otras actuaciones en los juicios individuales que se han iniciado ya en varios juzgados de Tenerife, aportando toda la documentación requerida en la que se certifica que no consta ninguna petición previa de autorización por parte del ICAVI que permitiera la venta de estas casas.
