El Consejo General de Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de España (CGCOAPI), entidad que preside Jaime Cabrero García, ha solicitado al Consejo de Estado que tenga en cuenta en su dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP) un elenco de propuestas con el objetivo de que el consumidor obtenga un asesoramiento profesional y se evite el riesgo de que se produzcan fraudes en las transacciones del sector inmobiliario.
Los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria entienden que la tramitación de la futura LSCP constituye una oportunidad histórica para poner en valor a los colegios profesionales y los beneficios que ofrecen a la sociedad con su actual estructura, perfectamente compatible con el espíritu de la Directiva de Servicios.
Por este motivo, las alegaciones que el CGCOAPI ha presentado al Consejo de Estado resaltan sus funciones públicas, en concreto la ordenación del ejercicio profesional y el control deontológico. El sentir de estas peticiones se esfuerza en llamar la atención en ciertas carencias del actual texto que, si son tenidas en cuenta, sin duda ofrecerán más seguridad jurídica a los consumidores y a los profesionales que operan en el mercado inmobiliario.
Así, el Consejo General de los Apis cree que se deberían reforzar las obligaciones de los profesionales y que así quede reflejado en el texto, por lo que pide que se incluya, entre otras, la obligación del cumplimiento del Código Deontológico de la profesión.
Reforzar este aspecto no sólo ofrecerá más garantías de protección a los consumidores, sino que permitirá reforzar la aportación que realizan a la sociedad los colegios profesionales.
En este sentido, los Apis creen que en el actual anteproyecto existe una previsión de excesivo control y tutela por parte de la Administración sobre los colegios profesionales que podría ser inconstitucional, ya que olvida que los colegios profesionales tienen funciones públicas encomendadas por la Ley para garantizar su independencia.
Otra de las cuestiones que los Apis entienden que debe mantenerse es la competencia de los colegios profesionales para la elaboración de las listas de peritos para designación judicial. Si se otorga esta competencia al Ministerio de Justicia se introducirá más burocracia y lentitud en el funcionamiento de los juzgados. Los colegios actualmente proporcionan una garantía de profesionalidad y eficacia al facilitar quiénes están preparados para ayudar a los jueces tribunales en los procedimientos judiciales.
Por último, los colegios de pertenencia voluntaria deberían poder reservar y utilizar para sus colegiados ejercientes la denominación de la profesión, como es en su caso la de “agente de la propiedad inmobiliaria”, ya que esta limitación es una discriminación hacia los colegios de inscripción voluntaria y produce confusión a los consumidores, que no podrán contar con la garantía de saber si acuden o no a un profesional que está colegiado y que se somete a control deontológico.
