«A toda persona de buena fe que pierda su vivienda, los poderes públicos de Aragón, como dice el Estatuto, le darán una solución habitacional». Este es el gran objetivo que busca el Decreto Ley de emergencia social, que contempla medidas en materia de prestaciones económicas, pobreza energética y vivienda, como paso previo a la futura Ley de Vivienda de Aragón, que incluirá todas estas actuaciones, según ha comentado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de Aragón, José Luis Soro.
Ambos asuntos han sido tratados en la reunión del Foro de la Vivienda convocado por el Gobierno de Aragón y del que formar parte las plataformas antidesahucios, representantes de entidades bancarias y sindicales, expertos universitarios, colegios profesionales y el Juez Decano de Zaragoza, entre otros.
Respecto al Decreto Ley, se incluyen medidas concretas como paralizar los lanzamientos hasta que la administración dé una solución habitacional, «algo que ya estamos haciendo en estos momentos evitando que ninguna familia se quede en la calle», dice Soro.
En lo que se refiere a los casos de desahucio por impago del alquiler, el consejero plantea que, en los casos en que los propietarios dejen de cobrar las rentas, sea la Administración la que asuma una parte del pago de la renta hasta que se encuentre una solución.
El Fondo Social de Vivienda de Aragón es otra cuestión urgente a constituir, de cara a integrar tanto las viviendas disponibles provenientes de administraciones, entidades financieras, Sareb, inmobiliarias, personas físicas y jurídicas, de cara a unificar en un solo fondo los recursos con los que se cuenta, y así actuar con diligencia cuando sea necesaria su ocupación de manera urgente por parte de los ayuntamientos, canalizadores finales de esta demanda.
Además se propone un registro de viviendas desocupadas provenientes de los desahucios y daciones en pago de las entidades bancarias para que se integren en la bolsa de vivienda social. El primer paso, en este sentido, se dará con el Decreto Ley, por el que obligará a que las viviendas de entidades financieras, que procedan de desahucios y estén desocupadas, se destinen a unidades familiares que necesiten una vivienda social.
Otra de las cuestiones importantes que se ha tratado en este Foro de la Vivienda es el de conseguir una modificación de los requisitos para que se acceda a la bolsa de vivienda. En estos momentos, la bolsa de vivienda se configura legalmente como subvención por lo que no pueden recibir subvenciones quienes tienen deudas con la Seguridad Social, Hacienda o la Comunidad Autónoma, una situación que provoca que se queden fuera muchas personas que sí la necesitan. Un aspecto que se va a modificar.