Reclamación de la propiedad de edificios del Estado en Barcelona

Barcelona. La cruzada independentista de Cataluña sigue dando pasos en pos de su objetivo. Al margen de elecciones, referéndums y demás grandes cuestiones, se acaba de producir un hecho significativo. El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, se ha garantizado el apoyo de ERC a su Programa de Actuación Municipal (PAM) con el que se pretende cambiar la traza urbanística de la ciudad, a cambio de incluir en el mismo la recuperación para Cataluña de edificios en manos del Estado.

Se trata de que el Banco de España, el Edificio de Correos, el Edificio de los Sindicatos en la Via Laietana, el Puerto Viejo, el Foro y los cuarteles del Bruc cambien de propiedad en aras a conseguir “una ciudad al servicio de la construcción de la capital del Estado”. Toma ya. No obstante, la reclamación no es nueva. Al menos en el caso del edificio del banco de España ya se pidió su traspaso en 2007 para albergar la biblioteca provincial, aunque no su propiedad como se reclama ahora.

Además de reivindicar los inmuebles emblemáticos en manos del Estado central, otra modificación incorporada al PAM pasaría por realizar una consulta sobre cómo debe ser urbanísticamente el centro de Barcelona: el eje Plaza Universidad, Plaza Catalunya y Plaza Urquinaona.

Con la inclusión de estas novedades, Trias se garantiza el pleno apoyo de los independentistas en la votación que sobre el PAM se va a celebrar este mismo mes de octubre en el Pleno del Consistorio de la Ciudad Condal.

El PAM de Barcelona prevé inversiones por valor de 1.900 millones de euros alcanzando el déficit cero en 2012. Y sus tres prioridades estratégicas pasan por la reactivación económica para situar Barcelona como motor económico del país y como ciudad generadora de ocupación, con un modelo basado en el rigor y la solvencia, la atención a las personas y la regeneración urbana para impulsar un modelo sostenible e inteligente al servicio de los ciudadanos, con el barrio como referencia y la ciudad como objetivo.

Echando mano de la legalidad, y para el hipotético caso de la cruzada secesionista saliera adelante, en los supuestos de sucesión de Estados por separación de parte o partes del territorio para formar un Estado sucesor, la regla es que el paso de los bienes del Estado se determine por un acuerdo. De no haber tal acuerdo se aplica la Convención de Viena de 1983, que establece la regla del paso de los bienes, incluidos derechos e intereses, del Estado predecesor en el territorio al Estado sucesor sin compensación. Los bienes inmuebles del Estado predecesor y los bienes muebles vinculados a la actividad de éste en relación con el territorio transferido pasan al Estado sucesor. Los bienes muebles restantes, es decir, aquellos sin vinculación territorial, pasan a los Estados sucesores en proporciones equitativas

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