La Xunta de Galicia solicita al Gobierno central que reconsidere, y modifique, las condiciones que se fijan nos programas de vivienda de los fondos europeos de recuperación económica, porque su aplicación será complicada y poco atractiva para los posibles beneficiarios.
La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, ha participado de forma telemática en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, acompañada por el director general del Instituto Galego da Vivenda e Solo, Heriberto García.
Este primer encuentro con la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sirvió para trasladar una vez más el acuerdo de la Consellería con el reparto de los fondos, de los cuales a Galicia le corresponden 94,5 millones de euros. No obstante, destacó que las bases y condiciones por las que se rigen los programas no serán de interés ni serán demandados por parte de los potenciales solicitantes.
En ese sentido, concretó que un aspecto fundamental a corregir es la cuantía de las ayudas que llegarán a los beneficiarios, «escasas, reducidas y sometidas a la tributación fiscal»; por lo que a priori no son un incentivo para fomentar la participación y acceso a los fondos, que deberán hacer un esfuerzo mayor para llevar una actuación subvencionable.
A modo de ejemplo, indicó que una persona que decida llevar a cabo una actuación para un ahorro energético podrá acceder a una ayuda de 4.800 euros, mientras el solicitante tendrá que acercar unos 12.000 euros.
«Estas no van a ser unas ayudas que quieran los gallegos, porque se disminuyen hasta en un 50% las cuantías que antes teníamos preestablecidas para rehabilitación», señaló la conselleira.
En su opinión, «no tiene sentido hablar de fondos de recuperación cuando se ponen tantas dificultades, condiciones y requerimientos» para la ejecución de los mismos, que «el único que motivan es que las personas, que viene un atractivo en esa ayuda, avancen un paso hacia atrás en su objetivo».
Asimismo, advirtió que las cuantías no son el único elemento desalentador, también lo son los plazos para la ejecución de los fondos. Indicó que el presente ejercicio «ya es casi un año perdido» y, toda vez que en el 2023 deberán estar aprobados los compromisos de gasto de los fondos asignados, «el horizonte que resta para la materialización de los fondos es claramente insuficiente y no permite perder ni un solo día más del plazo disponible».
La conselleira de Medio Ambiente reiteró que esta postura es compartida con el sector y los expertos. La Xunta mantuvo un contacto permanente con los miembros del Observatorio Gallego de la Vivienda y de las oficinas de rehabilitación de las ARI, para analizar y conocer su opinión, con el fin de acercar aquellas consideraciones que redunden en una efectividad y viabilidad en la aplicación de las medidas, como las trasladadas esta mañana.
«Nos encontramos ante una situación única para reactivar la economía, pero el Ministerio hace una serie de exigencias que van a repercutir directamente sobre el solicitante y por eso le pedimos que replanteen las ayudas. España no puede perder esta oportunidad», concluyó Ángeles Vázquez.
Por todo lo expuesto en lo relativo a la escasez de fondos para los beneficiarios y a la dificultad de su aplicación, el Gobierno gallego optó por abstenerse en la votación del acuerdo de distribución.
