En nuestro país cada vez más arquitectos, ingenieros, inversores, constructores, promotores inmobiliarios… se están volcando en la construcción sostenible. Para Susana Sandín, socia fundadora de SANDIN ABOGADOS y abogada especializada en Derecho Inmobiliario, esta nueva y esperanzadora oleada de construcción verde no debe toparse con barreras de entrada. Al contrario, «urge el acompañamiento de una política fiscal medioambiental que sea incentivadora y no meramente recaudatoria».
Urgen modelos de financiación equilibrados y medidas de apoyo
Para hacer todo ello posible es necesario fomentar modelos de financiación equilibrados, aprobar medidas fiscales de apoyo a la construcción sostenible, e impulsar políticas incentivadoras de financiación para los promotores.
Según los datos de EUROSTAT (2019), España se sitúa por debajo de la media de los países miembros de la Unión Europea, con una ratio de sus impuestos medioambientales sobre el PIB del 1,8%. Los impuestos ambientales en España representan un 5,4% del total de los ingresos fiscales, por debajo de la media total de los países de la UE, que está en 6,1%.
Los impuestos ambientales suponen un incentivo permanente hacia conductas más respetuosas con el medio ambiente. Sin embargo, la fiscalidad ambiental debe actuar también como un incentivo a la innovación en nuevas formas de producción, transporte y construcción, así como del consumo de los edificios menos contaminantes.
Son necesarios beneficios fiscales para la construcción sostenible
Por este motivo, también es necesario, desarrollar una normativa fiscal ambiental que incluya beneficios fiscales relacionados con el proceso de construcción, que regule deducciones por inversiones medioambientales, que aplique tipos reducidos de IVA al consumo de materiales reciclables en lugar de utilizar materias primas naturales; el reciclaje de materiales como reutilización de la madera, utilización de materiales reciclados/reutilizados en la construcción de las paredes, techos y suelos; el uso de la madera en la construcción, en su calidad de recurso natural renovable, que consume poca cantidad de energía en su proceso de transformación como material de construcción; la Reutilización de residuos de otras construcciones o demoliciones; la construcción industrializada así como la modular, que tienen un menor impacto ambiental al minimizar el transporte de los materiales en el proceso de la construcción.
Los beneficios fiscales deberían extenderse al consumo eficiente de energía de los edificios, y la digitalización de los edificios, tales como el aislamiento y ventilación; los sistemas de control de la energía en los edificios y otros controles automáticos; el uso de monitores y gestores energéticos; el control por ordenador de la iluminación, temperatura y condiciones climáticas; el desarrollo de aplicaciones de baja energía y tecnologías limpias; etc.
Los datos:
España recibirá a finales de julio, los primeros fondos NGEU que alcanzarán 140.000 millones de euros hasta 2026.
Se van a destinar 6.820 millones al Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana entre 2021 y 2023, que se gestionarán conjuntamente entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Transición Ecológica (al que se le corresponden 1.300 millones).
El plan de rehabilitación de edificios públicos y privados, dotado con 1.994 millones de euros, pretende lograr un ahorro energético medio superior al 30%, a través de la ejecución de una media de 300.000 rehabilitaciones al año, lo que significaría alcanzar la rehabilitación energética de 1,2 millones de viviendas entre 2021 y 2030.
El Plan contempla actuaciones para lograr una verdadera transformación urbanística y ambiental de barrios y zonas delimitadas en función del nivel de renta con especial incidencia en colectivos vulnerables, que alcanzan entre otros, a los edificios (hacerlos más sostenibles y accesibles), a la movilidad, a la implementación de la digitalización, a la renovación del alumbrado, a la peatonalización, al incremento de parques y zonas verdes, etc.
Estas medidas de sostenibilidad y de eficiencia energética vienen impuestas por Bruselas para cumplir con el Green Pact y con el Convenio de París de 2015. Por otro lado, los ciudadanos desean vivir en ciudades sostenibles, respetuosas con el medio ambiente, donde los recursos naturales se gestionen de manera eficiente, dotadas de servicios eficientes desde el punto de vista energético, y funcionales.
Una nueva manera de construir que nos implica a todos
El promotor avanza hacia un modelo de construcción más eficiente y sostenible, que suponga el fin de un sistema de edificación y construcción responsables del 39% de las emisiones de carbono en el mundo, según el World Green Building Council.
Los sectores del mercado inmobiliario: residencial, oficinas, retail, centros comerciales, hotelero, etc. deben reformular los espacios, concebir nuevos diseños, crear nuevos interiorismos, ser más sostenibles y eficientes, y también más seguros.
En este proceso, tendrá un papel muy relevante el uso de materiales renovables en la construcción, la industrialización y la digitalización.
La construcción sostenible implica la aplicación de las energías renovables para obtener energía y la utilización de materiales sostenibles, a fin de reducir los impactos ambientales causados por los procesos de construcción, el uso y derribo de los edificios y el ambiente urbanizado.
Abordar de manera correcta esta transición a la sostenibilidad y eficiencia energética en la construcción, implica entre otros, la elaboración de una política fiscal medioambiental que favorezca la construcción verde y con ello, la innovación, la sostenibilidad y la creación de empleo.
