La remodelación del barrio valenciano del Cabanyal vuelve a ocupar el primer plano tras el principio de acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento presidido por Rita Barberá y el Ministerio de Cultura.
Acuerdo que, con ciertas modificaciones, permitirá la apertura al mar de la capital atravesando el barrio gracias a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez. Y la polémica está servida, con los vecinos anunciando nuevas movilizaciones para impedir, por enésima vez, que se lleve a cabo esta iniciativa.
El tema viene de largo y se ha enquistado sobremanera. Se han cumplido más de cuatro años de los últimos derribos en el barrio dentro del polémico Plan Especial de Protección y Reforma (Pepri), paralizados por la Orden Ministerial del 29 de diciembre de 2009.
Desde entonces, no ha habido más demoliciones, pero tampoco se ha hecho nada por mejorar las condiciones de habitabilidad del barrio. Un periodo en el que no se ha aplicado el Pepri, pero tampoco se ha movido un dedo para modificar este plan, eliminando la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, además de negarse el consistorio a conceder licencias de actividades y de obra de rehabilitación y nueva planta, salvo en casos excepcionales.
El plan, impulsado en 1997 y aprobado por la Generalitat Valenciana en 2001, lleva años de retraso por la oposición de parte de los vecinos, los recursos ante la justicia y los pleitos entre administraciones. Su elevado coste hace difícil que se acometa el derribo de 1.600 viviendas de los originales poblados marítimos de la ciudad, una trama urbanística declarada conjunto histórico por la Generalitat.
Mientras el proyecto del Cabanyal sigue estancado, el Ayuntamiento de Valencia proyecta un poblado marítimo de 7.000 metros cuadrados que se asemejará a los pueblos mediterráneos, con baja densidad, edificios de baja altura y calles anchas. Se ubicaría en la lámina de agua de La Marina Real Rey Juan Carlos, la zona del puerto de Valencia profundamente reformada para acoger la Copa del América de Vela 2007. El poblado marítimo se ha pensado como un centro comercial para productos náuticos.
Este proyecto se encuadra dentro de la revitalización de las antiguas dársenas, de cara a poder devolver la deuda financiera de 300 millones. La entrada de Juan Roig, presidente de Mercadona, con el arrendamiento de las bases de los equipos de la regata para instalar allí su escuela de negocios (Edem), su incubadora de empresas (Lanzadera) y su fondo de inversión (Angels), actúa como principal motor para la recuperación de esta zona abandonada.
