Más de 40 organizaciones hacen un llamamiento a alcaldes y alcaldesas para que actúen por una movilidad urbana que proteja la salud y garantice la calidad del aire.
Celeridad y decisiones decididas y firmes con la transformación de la movilidad urbana. Este ha sido el mensaje enviado esta semana a los 149 municipios más poblados de España, los mismos a los que la Ley de Cambio Climático obliga a implementar Zonas de Bajas Emisiones antes de 2023. Se trata de un llamamiento que ya ha sido suscrito por 43 organizaciones comprometidas con la transición justa.
Esta mañana se debate en el Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) sobre los retos en el despliegue y la gestión municipal de las Zonas de Bajas Emisiones. Y es que es importante recordar que Europa, los Gobiernos nacionales y regionales y las empresas no tienen la responsabilidad única sobre cómo afrontar el momento crítico en el que nos encontramos. Con cinco crisis activas (económica, social, ambiental, sanitaria y energética), alguna de ellas sistémica, las ciudades tienen un rol decisivo dada su cercanía al ciudadano, su impacto y su vulnerabilidad frente al cambio climático. Según ONU Hábitat, el organismo de las Naciones Unidas para la vivienda y el desarrollo urbano, un 60 % de la población mundial vivirá en ciudades en 2030.
La adicción a los combustibles fósiles, la falta de ambición en la toma de decisiones, el lavado de cara verde (greenwashing), la defensa de intereses económicos por encima del interés general y los compromisos débiles son grandes amenazas. La contaminación atmosférica es el mayor riesgo medioambiental para la salud y una de las principales causas de enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, pulmonares e infecciones respiratorias agudas. Uno de los principales causantes es el sector del transporte y la movilidad.
Más del 96 % de la población europea está expuesta a niveles de contaminación que superan los límites marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2021. A nivel global, las ciudades representan entre un 60 % y un 80 % del consumo de energía y más de un 70 % de las emisiones. Mientras tanto, la temperatura del planeta sigue aumentando cada año, lo que provoca fenómenos meteorológicos extremos, daños en la salud letales, y conflictos geopolíticos. Los impulsores de la iniciativa creen que se debe reaccionar y pasar de los compromisos a los hechos.
Como recuerda Cristian Quílez, del área de Políticas Públicas de ECODES: “Para proteger la salud de la ciudadanía, mitigar el cambio climático, avanzar en la descarbonización y transformar las ciudades en espacios limpios, habitables y saludables los alcaldes y alcaldesas deben comprometerse y actuar”. Para ello son necesarias políticas de movilidad adecuadas para avanzar hacia las “cero” emisiones, y las Zonas de Bajas Emisiones son una herramienta que no se puede dejar de lado por el desinterés, dejadez y politización de determinados ayuntamientos.
Las peticiones
Aplicar políticas para reducción de la contaminación y la congestión como las restricciones de acceso y circulación a los vehículos contaminantes, directamente o a través de la implementación de medidas como las Zonas de Bajas o Cero Emisiones, la Áreas de Prioridad Residencial o las Áreas de Tráfico Restringido.
Convertir el transporte público en el pilar fundamental de la movilidad, con el objetivo de alcanzar un sistema 100 % eléctrico y renovable en 2030.
Intervenir e implementar medidas para garantizar entornos escolares seguros y saludables.
Apostar por la infraestructura ciclista y la bicicleta como sistema de movilidad activa elegible por parte del ciudadano para sus desplazamientos habituales, fomentando e incentivando los desplazamientos a los centros educativos y al trabajo.
Devolver el espacio al peatón a través de la generalización de recorridos peatonales continuos y peatonalizaciones.
Reordenar el espacio urbano y adoptar la compatibilidad de los entornos urbanos y la biodiversidad a través de su renaturalización.
Comprometerse con los valores límite de contaminación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como objetivo a alcanzar para mejorar la calidad del aire en la próxima década.
