El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un nuevo paquete de incentivos fiscales en vivienda que supondrá un ahorro anual de más de 118 millones de euros para los ciudadanos, tanto en la compra como en el alquiler de viviendas. Esta iniciativa, que entrará en vigor este año para su aplicación en la próxima campaña de la Renta, beneficiará a cerca de medio millón de madrileños. El proyecto de ley, que se enmarca en el Pacto Regional por la Vivienda, será registrado en la Asamblea de Madrid esta misma semana para su tramitación parlamentaria.
El objetivo principal de estos incentivos es facilitar el acceso a la vivienda y aliviar la carga fiscal de los contribuyentes en un contexto de crecientes precios y dificultades para acceder a propiedades inmobiliarias. La mayoría de las deducciones y bonificaciones aprobadas están asociadas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con cuatro rebajas significativas que buscan beneficiar tanto a propietarios como a inquilinos.
Detalles de las deducciones y bonificaciones
La primera deducción aprobada se centra en el arrendamiento de viviendas vacías, proporcionando un ahorro de 1.000 euros a los pequeños propietarios que firmen contratos de alquiler de al menos tres años. Esta medida, que se estima beneficiará a cerca de 20.000 propietarios, supondrá un ahorro total de 20 millones de euros. Esta iniciativa busca incentivar el alquiler de viviendas vacías, aumentando la oferta disponible y facilitando el acceso a viviendas en alquiler a precios más accesibles.
La segunda deducción pretende amortiguar el impacto del incremento de las cuotas de los préstamos hipotecarios variables debido a la subida de tipos de interés, tomando como referencia el euríbor a diciembre de 2022. Los beneficiarios podrán deducir hasta 300 euros, siempre que se trate de su vivienda habitual y que el coste de la misma no supere los 390.000 euros. Además, la renta familiar per cápita no debe exceder los 30.930 euros. Esta medida alcanzará a 450.000 hipotecados, proporcionando un ahorro total de 90 millones de euros. Con esta deducción, se busca aliviar la carga financiera de las familias afectadas por el aumento de los intereses hipotecarios, asegurando que puedan mantener su estabilidad económica.
Medidas para combatir la despoblación rural
En un esfuerzo por combatir la despoblación en los municipios rurales de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional ha incluido incentivos específicos para menores de 35 años que decidan establecer su residencia habitual en municipios con menos de 2.500 habitantes. Estos jóvenes podrán deducirse 1.000 euros, independientemente de si compran o alquilan una vivienda. Además, quienes adquieran una vivienda en estos municipios podrán deducirse el 10% del precio de compra, con un límite anual de 1.546 euros durante diez ejercicios fiscales. Se estima que esta medida beneficiará a unos 1.200 ciudadanos, proporcionando un ahorro total de 1,2 millones de euros.
Adicionalmente, los jóvenes que compren viviendas en estos municipios rurales podrán beneficiarse de una bonificación del 100% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para viviendas de segunda mano y en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para viviendas nuevas. Esta bonificación adicional se espera que tenga un impacto económico de 7 millones de euros en ahorro para los madrileños, incentivando la repoblación de áreas rurales y apoyando la regeneración de estas comunidades.
Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno de la Comunidad de Madrid con la revitalización de los municipios rurales y el apoyo a los jóvenes en su esfuerzo por acceder a una vivienda. Al reducir las barreras fiscales y proporcionar incentivos económicos, se espera fomentar el establecimiento de nuevas residencias en áreas con menor densidad de población, contribuyendo así a un desarrollo más equilibrado y sostenible de la región.
Con estas nuevas deducciones y bonificaciones, la Comunidad de Madrid demuestra su compromiso con la mejora del acceso a la vivienda, tanto en zonas urbanas como rurales. Al aliviar la carga fiscal de propietarios e inquilinos, estas medidas no solo facilitan la adquisición y el alquiler de viviendas, sino que también promueven un mercado inmobiliario más dinámico y accesible para todos los ciudadanos.
