La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha expresado una firme oposición a la propuesta presentada por la plataforma Sumar para establecer un impuesto nacional sobre las herencias en España. Considera que esta medida constituiría una invasión de las competencias de las comunidades autónomas, quienes actualmente tienen la responsabilidad de gestionar este tipo de impuestos.
La propuesta de Sumar ha generado un intenso debate en el ámbito político y fiscal español, particularmente en regiones como Andalucía, donde se han tomado medidas valientes, según España, para eliminar impuestos que afectaban a numerosas familias incapaces de afrontar los costes de sucesiones y donaciones. El gobierno andaluz, con el apoyo del PP, había abolido estos impuestos, una decisión que la consejera espera que el gobierno central, liderado por la ministra María Jesús Montero, no revierta. Según España, la implementación de un impuesto nacional sobre las herencias podría perjudicar a las familias y trabajadores, resultando en una recaudación mínima pero causando un gran daño.
En este contexto, España también ha criticado lo que considera un trato desigual entre las diferentes comunidades autónomas por parte del gobierno central, especialmente en lo que respecta a la financiación autonómica. Argumenta que mientras algunas comunidades, como Cataluña, reciben un trato preferente, otras como Andalucía, Murcia, Valencia o Castilla-La Mancha se ven perjudicadas por recibir una financiación por debajo de la media. La consejera ha instado a una reforma urgente del sistema de financiación autonómica y la creación de un fondo transitorio de nivelación para compensar a las comunidades menos favorecidas.
España ha pedido a la ministra Montero, anteriormente consejera de Hacienda en Andalucía, que tome medidas para rectificar esta injusticia. Según ella, la falta de una financiación justa dificulta el progreso y la convergencia de Andalucía con el resto de España, especialmente en áreas clave como la sanidad, la educación y la dependencia.
Además, la consejera ha señalado que Andalucía no se opondría a una condonación de deuda para todas las comunidades autónomas, aunque afirma que no lo han solicitado activamente. Insiste en que decisiones de esta magnitud deben discutirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde todas las comunidades autónomas están representadas, en lugar de a través de reuniones bilaterales que pueden dar lugar a acuerdos desiguales.
Respecto al empleo, Carolina España ha destacado el progreso de Andalucía en la generación de empleo, superando la media nacional y alcanzando cifras históricas. Subraya que la comunidad ha pasado de ser un foco de despilfarro y corrupción a convertirse en un referente de estabilidad política, institucional, presupuestaria, seguridad jurídica y confianza. Esto ha resultado en que Andalucía sea ahora la segunda comunidad más competitiva fiscalmente en España, solo por detrás de Madrid, y la segunda con mayor número de empresas, lo que atribuye a un aumento de la confianza empresarial y la creación de un ecosistema atractivo para la inversión.
