Cerca de 10.000 organizaciones sociales piden al Gobierno que regule los precios de los alquileres

FACUA-Consumidores en Acción se ha sumado a más de 9.000 organizaciones sociales para pedir al Gobierno la regulación de los precios de los alquileres. A través de un manifiesto, la iniciativa promovida por el sindicato de inquilinos, reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez que se base en la legislación vigente en Cataluña para crear la norma que controle la subida desorbitada de precios y garantizar así el acceso a la vivienda a la ciudadanía.

Esta acción, que se está difundiendo en redes con el hashtag #RegulaciónDeAlquileres, llega pocos días después de la celebración del Foro de Movimientos Sociales. Organizado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y en el que participó un directivo y miembro del equipo jurídico de FACUA, en este encuentro se puso de manifiesto la necesidad de impulsar políticas que blinden el derecho a una vivienda.

Manifiesto de apoyo a una Ley de Regulación del Precio del Alquiler:

Después de 12 años del inicio de la crisis económica, España sigue sufriendo un problema muy grave de vivienda que se manifiesta en forma de desahucios, pero también de dificultad de acceso a la vivienda y precariedad cada vez más generalizada.

La situación del alquiler se ha vuelto insostenible: del 2013 al 2019 el precio medio del alquiler ha subido un 50% en España. Es importante recordar que se trata de precios medios de contratos vigentes, hecho que explica que haya subidas de precio desorbitadas cuando vencen los contratos.

Actualmente 7 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler. En el último lustro, el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios. El 42% de la población española destina el 40% de su sueldo a pagar el alquiler, mientras que las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a vivienda incluyendo los suministros básicos.

La realidad es que el acceso a la vivienda de la población depende de la relación entre los ingresos de las familias y los precios de mercado, dado que existe una enorme escasez de oferta social. A pesar de que hace falta aumentar el parque de vivienda protegida, pasarán muchos años antes de que podamos alcanzar este objetivo, así que es imprescindible contener los precios del alquiler para reducir el sobreesfuerzo de la población para acceder y mantenerse en la vivienda.

Si impulsar esta medida ya era necesario antes de la pandemia, la actual caída de ingresos de las familias la hacen aún más urgente. Por otra parte, hablamos de un problema que no solo afecta a quienes vivimos de alquiler o quieren acceder a una vivienda, sino al conjunto de la sociedad: los precios actuales están disminuyendo drásticamente la renta disponible en manos de las familias, con un impacto negativo en toda la economía.

Teniendo en cuenta esta realidad, las entidades y organizaciones abajo firmantes queremos expresar nuestro apoyo al llamamiento de los sindicatos de inquilinas e inquilinos para que se impulse una regulación de los precios del alquiler como la aprobada en Cataluña el pasado septiembre, con el principal objetivo de contener los precios del arrendamiento en los municipios con mercados tensionados.

Con el llamado que hoy hacemos público, queremos poner de manifiesto que la sociedad civil española está demandando a los poderes públicos y a los representantes políticos que adopten medidas para garantizar alquileres asequibles, paso ineludible para garantizar el derecho a la vivienda digna. Hace meses que esta problemática está en la agenda. Consideramos que ha llegado la hora de emprender medidas concretas que impliquen mejoras para los miles de familias asfixiadas que viven de alquiler, y para el conjunto de la sociedad. Por estos motivos, pedimos al Gobierno que apruebe una propuesta legislativa que permitirá actuar para abordarlo.

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