El Gobierno de Canarias y el Banco Santander han firmado las escrituras de compraventa mediante las que la empresa pública del Gobierno de Canarias, Visocan, compra a la sociedad Luri 6, SAU -entidad vincula al grupo Santander-, dos promociones de 179 inmuebles cada una, con un total de 358 viviendas de protección oficial, en el barrio de Añaza, por un montante de 24.890.000 euros.
El acuerdo acaba con la incertidumbre de estas familias, abocadas a un posible desahucio si hubiese prosperado la venta de estos edificios a un fondo buitre, sospecha de la que alertaron los propios inquilinos a finales del año pasado.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, subrayó «el compromiso y la coordinación entre administraciones y con los vecinos para llegar a este acto». En este sentido, insistió «todas las administraciones hemos estado unidas, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, junto con los vecinos, lo que nos ha permitido planificar una estrategia conjunta y recuperar para el parque de vivienda pública esas 358 viviendas, aportando tranquilidad a 358 familias y a 358 proyectos de vida que podían haberse visto truncados y que hemos salvados gracias a la colaboración de todos».
Fernando Clavijo felicitó, además, «a los vecinos que en un momento de desesperación y dureza supieron protestar pero también escuchar, confiar y luchar para que hoy hayamos podido vivir este momento» y señaló que aunque «aún queda un largo camino por recorrer, esta actuación constituye el mejor ejemplo, sin duda, del resultado que se obtiene cuando se hacen las cosas de manera coordinada entre la ciudadanía y las tres administraciones públicas».
El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, destacó que «hoy es un día intensamente feliz para las familias, porque les permite continuar con su proyecto de vida con más garantías; pero también es un día feliz para las administraciones, para nosotros. Veo caras de emoción tanto en las familias como en las personas que desde lo público han ayudado a llegar hasta hoy, prolongando el proyecto de vida de personas mayores, de familias con niños que de esta forma encuentran una solución donde no la veían hasta que Cabildo de Tenerife de la mano de Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de los vecinos trabajamos de forma coordinada, remando en una misma dirección».
Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, reconoció sentirse feliz con la formalización de la compra de los inmuebles, «porque junto a los vecinos iniciamos un camino que no era fácil, al tratarse de 358 viviendas privadas de protección oficial, y hemos dado un ejemplo a nivel nacional».
En ese sentido, estimó que «no creo que exista otro lugar en España donde un problema de estas características se haya resuelto de una manera tan rápida, poniendo sobe la mesa recursos públicos para tantas viviendas, gracias a la coordinación entre administraciones».
Asimismo, Bermúdez valoró la coordinación permanente mantenida con los vecinos, tanto en reuniones como en asambleas, en las que los afectados pudieron comprobar el interés de las administraciones por hallar soluciones. «Hemos pasado de un casero privado que quería echarles, a un casero público que lo que desea es que se mantengan, cumpliendo con sus obligaciones y teniendo en cuenta el perfil de cada usuario».
Con la adquisición de las 358 viviendas el Gobierno de Canarias amplía su parque público de vivienda y adquiere los dos edificios por casi cuatro millones menos que el precio de tasación de las viviendas, que estaba estimado en 28.514.544,43 millones, y 12 menos que el precio máximo que establece la ley para acuerdos de venta de viviendas con esta calificación, que ascendía a 36 millones.
El acuerdo ha sido rubricado por el gerente de Visocan, Víctor González, y los apoderados de Luri 6, SAU, en presencia del presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo; de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido; del presidente del Cabildo insular de Tenerife, Carlos Alonso; y del alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
Con la adquisición de estas viviendas se ofrece una solución definitiva al riesgo de desalojo expuesto por los vecinos de dos promociones de 179 viviendas ubicadas en el barrio de Añaza -en las que viven 358 núcleos familiares- calificadas como Viviendas de Protección Oficial (VPOs) de promoción privada en régimen de arrendamiento a 10 años. Varios de los moradores habían recibido comunicación de no renovación de sus contratos, de procedimientos de desahucios y de lanzamiento judicial.
Tras la adquisición de las viviendas, el Ejecutivo analizará ahora la situación personal de cada una de las familias, con el objetivo de garantizar la prórroga de los contratos o buscar las alternativas que más beneficien a las familias alojadas.
La compraventa de estas viviendas se produce como respuesta a la situación de intranquilidad generada en el barrio santacrucero a principios de octubre de 2018, después de que algunos inquilinos tuvieran dificultades para renovar sus contratos y solicitar las ayudas sociales municipales correspondientes, lo que dio lugar a procedimientos de desahucios y destapó una posible venta de estas viviendas a un fondo buitre.
Una vez conocida la situación, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo Insular de Tenerife, iniciaron un trabajo conjunto para asegurar que ninguna de estas familias fuera desalojada. El acuerdo firmado hoy da tranquilidad a estas familias y, al mismo tiempo, supone un crecimiento del parque de vivienda pública.
El Gobierno, además, habilitará una oficina de información en Añaza, en un local ubicado en una de las promociones, para que personal especializado pueda atender a las familias inquilinas y estudiar caso por caso cada una de las situaciones.
