La directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de la Generalitat Valenciana, Rebeca Torró, ha considerado «inaceptable que el Gobierno de España imposibilite hacer efectivo el derecho a la vivienda en la Comunitat al vaciar de contenido hasta el extremo las medidas contempladas en la Ley por la Función Social de la Vivienda».
De hecho, ha explicado que en las cuestiones planteadas por el Ejecutivo central, «se ataca directamente a las medidas que permiten garantizar este derecho al cuestionar 23 de los 37 artículos que contempla la ley». «Solo deja la puerta abierta a reconocer el derecho subjetivo en la Comunitat pero mantiene su intención de recurrir todos los artículos que lo pueden hacer efectivo, algo que demuestra su absoluto cinismo», ha indicado.
Así se ha pronunciado después de la reunión de la Comisión Bilateral que han mantenido representantes de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y Gobierno de España para tratar de llegar a acuerdos con los reparos que había formulado el Ejecutivo central ante un posible recurso de inconstitucionalidad.
En este sentido, Torró ha recordado que la Ley por la Función Social de la Vivienda, impulsada por el Gobierno valenciano, fue aprobada por Les Corts con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, y por tanto, «tenemos la obligación de cumplir el mandato del parlamento valenciano y aplicar esta ley para garantizar el derecho a la vivienda en la Comunitat Valenciana».
Sin embargo, ha lamentado que «la posición rígida» del Gobierno central «condiciona los pilares básicos y fundamentales de la ley que tiene como objetivo garantizar el derecho a la vivienda a las personas que más lo necesitan con medidas para movilizar las más de 500.000 viviendas vacías que hay en la Comunitat».
Ante esto, Torró ha lamentado que «el Gobierno de España se pone una vez más al lado de los bancos y deja sin derechos a las personas que más lo necesitan» y ha apuntado que el Gobierno valenciano no puede aceptar estos planteamientos porque «limitan nuestra autonomía para dar soluciones a la grave situación que viven muchos valencianos y lo hacemos como han hecho muchas comunidades autónomas siendo valientes y legislando en una materia que el Gobierno central tiene abandonada». «Una vez más están demostrando que actúan como el perro del hortelano porque ni legislan ni dejan legislar», ha concluido Torró.
La Administración estatal considera inconstitucionales aspectos como la función social de la vivienda por encontrarse deshabitada o la creación del registro de viviendas deshabitadas porque consideran que afectan al derecho de la propiedad privada, cuando, por ejemplo, en otras autonomías como el País Vasco o en Aragón, que han impulsado leyes similares, no se han cuestionado estos aspectos.
El Gobierno central también ha puesto reparos a que el Gobierno valenciano «pueda garantizar la continuidad de las personas afectadas por una ejecución hipotecaria en sus viviendas habituales y únicas que sean propiedad de ‘grandes tenedores’, porque conlleva como último recurso la expropiación del usufructo temporal con un máximo de 3 años». Ponen en duda también las sanciones a los bancos, el concepto de ‘grandes tenedores’ o la posibilidad de establecer actuaciones de inspección.
De hecho, Torró ha recordado que la «posición del Gobierno de España no solo está siendo más dura en la Comunitat Valenciana sino que incluso también va más allá y es mucho más restrictiva respecto a las observaciones esenciales que realizó el Consell Jurídic Consultiu y que el gobierno valenciano incorporó a la ley».
