El Banco del Consejo de Europa (CEB) ha aprobado financiar con 59 millones de euros la construcción de 2.322 viviendas destinadas a alquiler social en Barcelona. Esta operación cubre un 23 % del coste de los proyectos de 26 promociones de pisos que prevé el Plan por el derecho a la vivienda 2016-2025, destinadas a cubrir las necesidades de vivienda de personas con ingresos bajos o mayores de 65 años.
El coste de las 26 promociones de vivienda social es de cerca de 262 millones de euros. La contribución del CEB complementa el préstamo de 125 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que se firmó en el mes de julio, y el resto será inversión municipal.
El plan inicial era impulsar 23 promociones de vivienda (2.198 pisos), pero el proyecto se ha ampliado con la incorporación de tres promociones más en el barrio del Bon Pastor. Las promociones se ubican en los distritos de L’Eixample, Sant Andreu, Sarrià-Sant Gervasi, Sant Martí, Nou Barris y Gràcia.
La participación económica del CEB y el BEI es una forma de financiación de banca pública que no se ha conseguido obtener en el ámbito estatal y catalán.
Para construir vivienda para alquilar a precios asequibles hace falta que la financiación de las inversiones públicas sea a largo plazo y a precios medios y bajos, una fórmula que no ofrece el Instituto Catalán de Finanzas ni el Instituto Oficial de Crédito estatal. Por eso, la estrategia municipal ha sido la de recurrir a instituciones europeas como el CEB y el BEI.
La actuación, además, se enmarca en una nueva política municipal de favorecer una economía más plural y de incorporar nuevos tipos de entidades financieras como cooperativas, entidades de banca ética o instituciones multilaterales de crédito.
La construcción de las 26 promociones es parte del Plan por el derecho a la vivienda 2016-2025, que tiene como objetivo garantizar la función social y la construcción de un servicio público de vivienda. Aborda las necesidades más inminentes, como la emergencia residencial o la movilización de pisos vacíos, pero también los retos a medio y largo plazo: la dificultad de las clases media y baja por pagar el alquiler, el envejecimiento de la población o la posible pérdida del parque de vivienda destinado a primera residencia.
Con este objetivo —y un presupuesto municipal de 1.666,2 millones de euros— se pretende cambiar al modelo de burbuja inmobiliaria y acercar a Barcelona a las mejores prácticas que ya se llevan a cabo en otras ciudades europeas.
