La última reunión de la Comisión Permanente de Adjudicación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) ha servido para adjudicar un total de 210 viviendas, 39 para jóvenes, 49 de régimen general y 122 en atención prioritaria (situaciones de violencia de género, mayores de 65 años, pérdida de vivienda, y otras razones de vulnerabilidad excepcional), distribuidas en 13 de los 21 distritos de la ciudad (Arganzuela, Barajas, Carabanchel, Centro, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, Salamanca, Tetuán, Usera, Vallecas Villa, Vicálvaro y Villaverde).
El procedimiento de adjudicación comienza con la solicitud de inscripción de las personas interesadas en acceder a una vivienda pública municipal, en régimen de arrendamiento.
Una vez que los servicios técnicos revisan dichas solicitudes, quienes cumplen los requisitos que exige el Reglamento de Adjudicación de Vivienda pasan a ser considerados formalmente solicitantes de vivienda y quedan inscritos en el denominado Registro Permanente de Solicitantes de la EMVS.
A continuación, se publica el listado y, a propuesta de la dirección de Gestión de Vivienda, se reúne la Comisión para la adjudicación definitiva de las viviendas, que se realiza en base a los distintos programas, atendiendo a la puntuación resultante de la evaluación técnica. Este procedimiento se realiza de acuerdo con el Reglamento aprobado en 2012 y, posteriormente, modificado en 2016.
Durante los últimos meses, la EMVS viene trabajando en la elaboración de un nuevo texto. Se trata de una propuesta de Reglamento que presentará soluciones eficaces, y socialmente consensuadas, a los problemas del presente, anticipándose así a las realidades de la gestión de vivienda en el futuro próximo.
Entre ellas, cabe destacar el establecimiento de un nuevo procedimiento que permita optar a una vivienda pública a un sector más amplio de la población, y la incorporación de las condiciones contractuales y regímenes de incumplimiento que regirán las relaciones entre EMVS y adjudicatarios, lo que favorecerá la transparencia y la seguridad para los ciudadanos. Igualmente incorporará el compromiso social común como decálogo de derechos y obligaciones entre las partes.
