Evidentemente, la inversión en materia de vivienda no es una prioridad. Y ha vuelto a ponerse de manifiesto en la presentación de los tardíos Presupuestos Generales del Estado para 2017. Solo habrá para este fin 467 millones de euros, un 25,7% menos que la cuantía contemplada para 2016. De este importe, el 95,7% corresponde a dotaciones para la promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda, que contiene, entre otros, los créditos destinados a ejecutar los planes estatales de vivienda.
Las ayudas al alquiler recogidas en el Plan de Vivienda para el periodo 2013-2016, prorrogado para 2017, es uno de los ejes centrales de los planes estatales, que inciden tanto en la demanda como en la oferta.
En concreto, desde la oferta, existen ayudas para la construcción de vivienda en alquiler y otras para la promoción. Además, también existen líneas cerradas para movilizar viviendas vacías y para cofinanciar la vivienda de promoción pública en alquiler.
Completan este presupuesto los créditos para la ordenación y fomento de la edificación, que ascienden a 29,6 millones de euros, un 11% más que el previsto para este año, y las dotaciones para suelo y políticas urbanas, que se incrementan un 0,5%, hasta los 1,46 millones de euros.
El Gobierno señala que el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, prorrogado para 2017, deja de lado el incentivo a la promoción y la construcción de vivienda y se centra en adaptar sus objetivos a los problemas y necesidades actuales de la ciudadanía en materia de disfrute de una vivienda «digna y adecuada». De este modo, apunta que los ejes básicos de este plan son el fomento del alquiler, la rehabilitación, la renovación y regeneración urbanas, siguiendo con la línea marcada por las modificaciones legislativas que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento.
Por otro lado, a pesar de que el Plan 2009-2012 recogía la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) y que esta fue suprimida por Real Decreto, siguen manteniendo su derecho los adquirientes o adjudicatarios de viviendas que cumplan las condiciones especificadas.
Asimismo, siguen teniendo derecho a la Renta Básica de Emancipación (RBE) los jóvenes que tuvieran el derecho reconocido o que la hubieran solicitado antes del 31 de diciembre de 2011, hasta que cumplan los 30 años de edad o la hayan disfrutado durante cuatro años interrumpidos o no. La dotación prevista en 2017 para este programa asciende a dos millones de euros.
