Madrid y Rivas pactan ordenar urbanísticamente los límites de la Cañada Real

Manuela Carmena y Pedro del Cura, los alcaldes de Madrid y de Rivas-Vaciamadrid, respectivamente, han firmado un convenio para mejorar la eficacia de sus cuerpos de policía en las intervenciones que realizan en Cañada Real. Ambos municipios comparten límites territoriales en los sectores 3, 4 y 5 de este asentamiento de infraviviendas, uno de los mayores focos de exclusión social e ilegalidad del país.

La ratificación de este acuerdo coincide con una etapa de estrecha colaboración entre ambas administraciones locales y se enmarca en la inminente firma del Pacto Regional de Cañada Real consensuado entre Coslada, Madrid y Rivas, la Comunidad de Madrid y todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea regional.

El convenio viene a facilitar la cooperación entre las policías de ambos municipios, de modo que a partir de ahora se atenderán con mayor eficacia las tareas preventivas, de inspección y denuncia en materia de protección de la ordenación del territorio, medio ambiente y urbanismo.

Esta es la tercera vez que Manuela Carmena y Pedro del Cura se reúnen en el transcurso de doce meses. En las dos reuniones anteriores, Cañada Real siempre fue una de las cuestiones centrales. Entonces, como ahora, se propusieron acciones conjuntas que faciliten soluciones al grave conflicto social, medioambiental, urbanístico y de seguridad en el que se ha convertido Cañada Real desde hace medio siglo.

La propia irregularidad del asentamiento, sus características territoriales, morfológicas y de Infra urbanización, así como la existencia de focos localizados de delincuencia, han obligado a ambas administraciones públicas a aunar esfuerzos y coordinar actuaciones, evitando duplicidades y dotando de eficacia a las intervenciones de los agentes de la Policía Local de Rivas y de la Policía Municipal de Madrid.

Los delitos que se combatirán ahora con mayor facilidad son la quema de basuras o la aparición de nuevos vertederos ilegales. El convenio fija la realización conjunta de campañas sobre promoción y protección de la salud pública, prevención de actos delictivos y control de la legalidad urbanística y medio ambiental. También se realizarán, de manera conjunta, actuaciones formativas en las materias citadas.

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