Comprometidos con políticas de vivienda pública y con la reconversión de viviendas hacia alquiler social, los responsables del Gobierno de las Islas Baleares han anunciado que el archipiélago contará, por primera vez, con una ley de vivienda. El borrador de la ley se presentará a las diferentes instituciones y entidades a través de la Mesa de la Vivienda el próximo 23 de noviembre.
Se va a intentar abordar la actual situación de desequilibrio, con garantías de protección para la parte más débil y con el establecimiento de mecanismos que se confía que sean útiles para incrementar el número de viviendas de alquiler a precio asequible en el mercado.
El anuncio lo realizaba la presidenta de Baleares, Francina Armengol, durante el acto de entrega de 26 viviendas a los nuevos inquilinos forman parte del parque de que dispone el Instituto de Baleares de la Vivienda (Ibavi) en Mallorca, que es de 1.735 viviendas, las cuales, en el momento que quedan desocupadas por inquilinos que cambian de domicilio, se vuelven a poner al alcance de los solicitantes.
En cuanto a la cantidad de pisos entregados por municipios, 11 son de Palma; 9, de Capdepera; 2 se ubican en el municipio de Manacor; otros 2, en Inca; 1, en Pollença, y 1 más en sa Pobla. Todas las viviendas son de segunda ocupación, excepto los 9 pisos de Capdepera, que pertenecen a una promoción completamente nueva. Los precios medios de alquiler están en la franja entre 300 y 180 euros mensuales.
Las rentas se fijan en función de los metros cuadrados de la vivienda, así como del municipio donde se ubican, tal como se establece en el Plan de Vivienda estatal, que es la norma que regula los precios máximos de la vivienda social.
En este sentido, hay que destacar que hay 9 casos en los cuales a la cuota de alquiler se le ha aplicado un descuento para cumplir el compromiso adquirido al principio de la legislatura: que las familias en situación más vulnerable no paguen más del 30% de los ingresos familiares.
Este porcentaje disminuye hasta el 5% de los ingresos totales, en función de la situación de cada caso (por ejemplo, una persona/familia que sólo cobra una pensión no contributiva nunca abonará más del 5% de los ingresos).
Para estos casos, los descuentos aplicados suponen que el precio de sus alquileres estén en una franja de entre 45 y 134 euros, sensiblemente inferior a la media de precio oficial (ya baja por sí misma).
En este sentido, la adaptación de la renta a las posibilidades económicas de los inquilinos es una de las principales medidas puestas en marcha hasta el momento, así como la reconversión de todo el parque inmobiliario del Ibavi en alquiler, para facilitar al máximo el acceso a una vivienda, especialmente a aquellos colectivos que más apoyo necesitan con respecto a eso.
