El ajuste realizado por Metro Madrid, de bajar la cota de la cubierta de las antiguas cocheras del suburbano en Cuatro Caminos, parece ser el aldabonazo definitivo para que las 443 familias que componen la Cooperativa Metropolitan puedan, finalmente, iniciar el proyecto del residencial en el que han invertido buena parte de su capital.
La concesión de Metro era una de las condiciones que el Ayuntamiento de Madrid solicitaba como requisito para poder valorar el proyecto.
A partir de este momento, la Cooperativa debe presentar al Ayuntamiento en el plazo de una semana toda la documentación necesaria y requerida en cumplimiento de los ajustes presentados. De este modo, los cooperativistas confían en que la situación pueda desbloquearse a la mayor brevedad posible.
El proyecto de la Cooperativa Metropolitan engloba, junto a la construcción de 443 viviendas, el desarrollo de un gran parque público de más de 17.000 m metros cuadrados que además servirá como elemento conector entre la avenida Pablo Iglesias y la calle Bravo Murillo, permitiendo el acceso peatonal entre estas calles, tal y como exige la ficha del plan (APR).
El proyecto incluye también la renovación de las cocheras de Metro de Madrid, que quedarán soterradas, y una parcela para la construcción de un edificio público dotacional de 6.700 metros cuadrados.
Metro, la empresa pública perteneciente a la Comunidad de Madrid, sacó a subasta a finales de 2014 la parcela de 40.000 metros cuadrados sobre la que se asienta el antiguo complejo ferroviario.
El Grupo Ibosa, en representación de los cooperativistas, adquirió el terreno por 88 millones de euros y planteó junto a Metro un proyecto residencial que contemplaba la construcción de las viviendas, el parque público, una plaza, un edificio dotacional y unas nuevas cocheras que quedarían soterradas.
Pero todo se complicó con el cambio de gobierno en el Ayuntamiento. Desde la nueva Área de Desarrollo Urbano Sostenible no aceptaron mantener en superficie las cocheras actuales y cubrirlas mediante una losa sobre rasante.
Aunque desde el Grupo Ibosa recuerdan que la Dirección General de Urbanismo avalaba el proyecto y consideran que el argumento del consistorio era un simple pretexto político, al final se ha tenido que ajustar todo a los requerimientos municipales.
