La demora en dictaminar, por parte del juez de lo Mercantil 6 de Madrid, encargado del concurso de acreedores de la radiales de Madrid R-3 y R-5, tenía en vilo al Gobierno. El magistrado apuró todo lo apurable para emitir un auto horas antes de que, definitivamente, estas autovías de peaje tuvieran que echar el cierre.
Tenía que pronunciarse sobre el recurso interpuesto por el Estado, en el que solicitaba una prórroga de nueve meses para evitar que, definitivamente, el pasado 1 de octubre, estas carreteras entraran en liquidación. Y lo hizo el viernes 30 de septiembre, accediendo a esa prórroga solicitada por los abogados del Estado, pero sin concretar un plazo específico.
En el auto de mayo, el magistrado fijaba un plazo, hasta las 00.00 del 1 de octubre, para que se produjera el cese total de la actividad empresarial de la concursada Accesos de Madrid, concesionaria de la R-3 y la R-5.
Los autos de mayo, que han quedado este viernes sin efecto, cerraban el concurso de acreedores de Accesos de Madrid y Ciralsa (la sociedad que explota la autopista que circunvala Alicante) que se abrió en octubre de 2012.
La decisión del juez de abrir la liquidación de ambas sociedades iba acompañada del rechazo del convenio que propuso Fomento para cerrar el proceso concursal. Pero esta decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial y, por tanto, la liquidación no será firme hasta que llegue ese fallo.
La cosa ya apuntaba hacia este desenlace. Hace unos días el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, mostrado la confianza en que el juez aceptaría lo que persigue el Ministerio de Fomento, en el sentido de que para hacer un traspaso ordenado se requiere un plazo más amplio. Y ese era también el sentir de Abertis, Sacyr, Bankia y ACS -los cuatro accionistas de Accesos de Madrid- y de los trabajadores de esta sociedad.
La liquidación de estas autovías hubiera sido el principio del fin de unas autopistas de pago, trazadas al lado de otras carreteras gratuitas -las de toda la vida-, que, con la llegada de la crisis, vieron cómo el tráfico se desplomaba, lo que impidió contar con recursos suficientes para hacer frente a una deuda exagerada y a unas expropiaciones mucho más elevadas de lo previstas inicialmente. Ahora todas estas infraestructuras están en concurso de acreedores y ya una de ellas ha sido liquidada.
