La Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón ha incorporado un total de 6 trabajadoras sociales a su organigrama para reformular la política de vivienda desde una visión más social. La medida se enmarca dentro de un plan de reestructuración para potenciar la labor social vinculada al derecho a la vivienda.
Hasta estos momentos, la Dirección General contaba tan solo con dos trabajadoras sociales en Zaragoza que dedicaban su labor a la mediación hipotecaria y al cumplimiento del convenio con el CGPJ en los casos de desahucios.
En las Subdirecciones en Huesca y Teruel la labor se estaba llevando a cabo a través de personal del departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales con la consiguiente carga de trabajo derivada ya que dedicaban una jornada a la semana.
El objetivo de este cambio en el organigrama es garantizar el derecho a una vivienda desde un punto de vista social y con un seguimiento que vaya más allá de «revisar una documentación y entregar las llaves de un piso» ha apuntado Mayte Andreu, la directora general.
En este sentido, se desarrollará una importante labor en el seguimiento y acompañamiento de las personas a las que se les adjudica una vivienda. Para la directora general, es el momento también de revisar la situación de las personas que cuentan con una vivienda social y ver cuáles son las condiciones. En definitiva, saber cuál es la realidad de las personas que tienen concedida una vivienda y tomar decisiones a partir de criterios desde el punto de vista de lo social.
Además, se trabajará para la actualización de la bolsa de vivienda social para revisar las necesidades y situación de las unidades familiares que tienen el derecho reconocido y para introducir nuevos criterios a la hora de adjudicar viviendas, como, por ejemplo, el lugar en el que están escolarizados los hijos.
Asimismo, se continuará con las labores de mediación hipotecaria y, como novedad, de arrendamientos. Continuarán también las labores para el cumplimiento del Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la FAMCP para evitar los desahucios.
