El 30% de los municipios aragoneses tienen planes urbanísticos inaplicables

El 30% de los municipios de Aragón se rigen por normas generales que no les permiten tomar decisiones adaptadas a las necesidades que se les plantean. Para tratar de superar esta anacrónica situación el Ejecutivo autónomo y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y provincias (Famcp) han firmado un convenio con el objetivo de informar y asesorar para que el máximo de municipios cuente con un instrumento de planeamiento urbanístico.

Desde la Dirección General de Urbanismo se destinarán 200.000 euros anuales para el asesoramiento y el diseño las figuras de planificación que correspondan. A este presupuesto se sumarán las partidas de las Diputaciones Provinciales con las que ya se está hablando. El objetivo es que los municipios puedan optar a estas ayudas. El papel de la Famcp en este proyecto es fundamental ya que se encargarán del asesoramiento y la información a los municipios sobre la propuesta puesta en marcha y como acceder.

De los 731 municipios de Aragón, hay 230 que no disponen de instrumento de planeamiento urbanístico, se rigen por las normas subsidiarias provinciales, normas antiguas y genéricas con las que se aplican las mismas normas a sitios muy diferentes.

Una situación que implica que no se puedan tomar determinadas decisiones como la ampliación de una calle, la protección del suelo no urbanizable o las alturas máximas de los edificios. El objetivo es que al final de esta legislatura los municipios cuenten con la figura de planificación que corresponda, ya sea una delimitación de suelo urbano o un plan general.

La Dirección General se compromete a asistir a los municipios en la determinación del instrumento de ordenación o planeamiento urbanístico más adecuado entre las diferentes alternativas que puedan existir.

También elaborará los instrumentos de ordenación o planeamiento urbanístico de los municipios con arreglo a principios de concurrencia competitiva, publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación; además de impulsar la tramitación de los procedimientos.

Por su parte, la Federación se compromete a difundir la conveniencia de dotarse de un instrumento de ordenación o planeamiento urbanístico que regule su actividad urbanística, e informará a las entidades locales aragonesas de las líneas de apoyo económico, técnico y jurídico que proporciona el Gobierno de Aragón a los municipios para conseguir que dispongan de instrumentos de ordenación o planeamiento urbanístico.

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