El del aeropuerto de Murcia es otro de esos megalómanos proyectos ideados en plena burbuja inmobiliaria, cuando parecía que el que no se construía un aeródromo al lado de su casa era un don nadie, y que una década después ahí sigue, cerrado y con litigios entre el Gobierno de Murcia y la concesionaria Aeropuerto de Murcia (Aeromur), encabezada por Sacyr, y de la que inicialmente también formaron parte CajaMurcia, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cementos la Cruz, Grupo Fuertes, Grupo Monthisa e Inocsa.
Pues bien, en el último hito judicial acaecido la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), presidida por la magistrada Consuelo Uris Lloret, desestima, por sentencia de 2 de octubre, el recurso contencioso administrativo interpuesto por Aeromur, contra la Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de 16 de septiembre de 2013, por la que se resuelve el contrato de Concesión Administrativa para la Construcción y Explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, «por ser dicho acto conforme a derecho».
Por dicha Orden se resolvía el contrato de concesión por las causas contempladas en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio (TRLCAP), concretamente, las establecidas en los apartados e) «demora en el cumplimiento de los plazos» y g) «renuncia unilateral a la ejecución del contrato».
En la misma Orden se acuerda la incautación de la garantía definitiva constituida mediante siete Cartas de Pago a nombre de la concesionaria, más otra constituida a nombre de «Montoro e Hijos, S.A.» por un importe total de 7.407.190 euros, y la iniciación de expediente contradictorio para la liquidación total del contrato. La resolución no es firme, contra ella cabe recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el plazo de diez días desde su notificación.
Todo este berenjenal tiene su origen en el acuerdo del Consejo de Gobierno de Murcia, de 18 de marzo de 2004, cuando declaró como Actuación de Interés Regional, de titularidad pública y carácter inmediato, la implantación del aeropuerto. El Plan Director fue aprobado en marzo de 2006, definiendo las grandes directrices de ordenación y desarrollo del mismo, y delimitando su zona de servicio aeroportuaria.
La concesión fue adjudicada a Aeromur y el Consorcio se constituyó en fecha 31 de mayo de 2007 en sociedad concesionaria y adoptó el nombre de «Sociedad Concesionaria Aeropuerto de Murcia (SCAM), produciéndose algunas variaciones en las entidades integrantes por causas ajenas a las presentes actuaciones.
Mediante resolución de la Dirección General de Aviación Civil de 3 de junio de 2008 se autorizó el Proyecto Constructivo del Aeropuerto de la Región de Murcia, que fue aprobado el día 24 de junio de 2008 por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio.
El calendario para la construcción y puesta en funcionamiento del aeropuerto aportado por la concesionaria en su oferta contemplaba 21 meses de período de construcción y tres meses para la fase de pruebas, y a la conclusión de las mismas la puesta en marcha de las instalaciones.
Habida cuenta que el Acta de Comprobación del Replanteo fue levantada el día 24 de julio de 2008, inicialmente el plazo de ejecución finalizaba el 24 de julio de 2010, pero al aprobar la Administración el día 24 de junio de 2010 un nuevo calendario de las obras, a petición de la concesionaria, el plazo para su finalización quedó fijado para el día 28 de enero de 2012.
El Acta de Comprobación de las obras fue levantada con fecha 28 de abril de 2012. A la vista de la misma la Dirección de Explotación requirió a la concesionaria el día 7 de mayo siguiente para que a no más tardar el día 28 de julio de 2012 el aeropuerto estuviera abierto al tráfico civil y en explotación. El Acta de Comprobación de las obras no ha sido aprobada y el aeropuerto no ha entrado en funcionamiento.
En cuanto al aspecto económico o financiero de la concesión es de destacar que con fecha 18 de mayo de 2007 el consorcio adjudicatario presentó en concepto de Garantía Definitiva un total de siete Cartas de Pago, por importe de 7.407.190,06 euros, acompañadas del respectivo aval entregado en la Caja General de Depósitos.
El día 22 de octubre de 2010 la sociedad concesionaria presentó siete Cartas de Pago a nombre de la misma, dos de ellas por un importe de 2.222.171,84 euros cada una de ellas, y las otras cinco por un importe individual cada una de 493.807,73 euros, con una suma total de 6.913.382,33 euros, quedando pendiente de regularización la garantía presentada a nombre de «Montoro e Hijos, S.A.» por importe de 493.807,73 euros.
Con fecha 28 de enero de 2010 se celebró contrato de préstamo por importe de 200.000.000 euros entre varias entidades financieras y la concesionaria, para financiar parcialmente la construcción del Aeropuerto Internacional de Murcia.
La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2010 incluyó una Disposición Adicional Decimoctava que autorizaba al Consejo de Gobierno a conceder un aval de hasta 200.000.000 euros a la sociedad concesionaria. Fue otorgado con fecha 24 de junio de 2010, previa Decisión de la Comisión Europea de 9 de junio de 2010, que acordó no formular objeciones al aval.
El contrato de aval fue firmado por la Comunidad Autónoma y por la concesionaria en la fecha antes citada. Por Orden de la Consejería de 20 de mayo de 2013 se inició el procedimiento para la resolución del contrato de concesión, por considerar la Administración que se habían producido determinados incumplimientos por la concesionaria.
Con posterioridad a ésta resolución han tenido lugar una serie de actuaciones que también conviene poner de manifiesto. Así, en fecha 20 de septiembre de 2013 las entidades financiadoras comunicaron a la concesionaria la resolución y vencimiento anticipado del contrato de préstamo y fue requerida de pago de las cantidades debidas.
No habiendo sido atendido el requerimiento se procedió a la ejecución del aval prestado por la Comunidad Autónoma, a cuyo efecto fue requerida en fecha 4 de octubre de 2013 para el pago en el plazo de veinte días de la cantidad de 180.852.837,07 euros, correspondiendo de esa cantidad 180.497.103,34 euros a principal y 355.729,73 euros a intereses de demora.
La liquidación definitiva fue de 182.628,215,73 euros, para cuyo abono tuvo que suscribir la Comunidad Autónoma un contrato de préstamo con entidades bancarias, encontrándose en la actualidad la Administración demandada abonando dicho préstamo mediante los correspondientes plazos.
Por la Consejería de Economía y Hacienda se inició expediente para la liquidación de la cuantía que debía reembolsar la concesionaria, solicitando ésta la suspensión de dicha obligación, a lo que se accedió por Orden de la citada Consejería de 5 de febrero de 2014, si bien con prestación de garantía.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de febrero del mismo año se autorizó a la Dirección de los Servicios Jurídicos a no formular oposición a la solicitud de suspensión sin garantías de esa obligación, en el contencioso que la concesionaria iba a formular contra la referida Orden.
