Las familias andaluzas pagarán entre 20 y 60 euros por seguir viviendo en sus casas ejecutadas

Empiezan a conocerse detalles de cómo se articularán los alquileres sociales que pagarán aquellas familias andaluzas que, tras ser objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria, se quedaron sin sus casas, pero que, ahora -tras ejercer la Junta de Andalucía el retracto tras la subasta pública- podrán seguir viviendo en ellas.

Serán entre los 20 y los 60 euros mensuales, cifra similar a la establecida para las viviendas del parque público residencial que gestiona la Junta, con una superficie de entre 65 y 90 metros cuadrados, y de las que estas residencias pasarán a formar parte. No obstante, habrá que esperar a que el Plan Autonómico de Vivienda, que estará listo a principios de 2016, lo determine con exactitud.

La medida, que recoge el Anteproyecto de Ley de Retracto en Desahucio de Viviendas en Andalucía, aprobado en el Consejo de Gobierno andaluz, en junio de 2015, introduce como principal medida permitir al Ejecutivo andaluz el ejercicio del derecho de compra preferente de viviendas incursas en procesos de ejecución hipotecaria para permitir a las familias permanecer en sus hogares mediante un alquiler social.

En la adjudicación de la vivienda fruto de un retracto tendrán preferencia las personas que, cumpliendo los requisitos socioeconómicos que se establezcan en el plan, hayan sido los anteriores titulares de la propiedad.

En el documento que se está tramitando destacan tres criterios, que los solicitantes tuvieran la residencia habitual y permanente en la vivienda antes de ser desahuciados, que sea la única residencia en propiedad y no posean la titularidad de ninguna otra y, como tercera condición, la situación económica de las familias, dando prioridad a aquellas con menores ingresos familiares, más vulnerables y con mayor riesgo de padecer situación de exclusión social.

Como medidas complementarias para familias con riesgo de perder su vivienda por impago se encuentran los casi 4 millones de euros, distribuidos en tres anualidades, que se van a otorgar a las personas desahuciadas que se queden sin vivienda.

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