La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no acaba de ver claro el decreto que regula las viviendas vacacionales en Canarias, y está recabando información a las partes implicadas para, si lo considera oportuno, intervenir para pedir la liberalización del alquiler turístico en las Islas Canarias y, con ello, tratar de impedir que se vulnere la libre competencia y las barreras de entrada.
En el centro del debate está la prohibición del alquiler en algunas de las zonas más turísticas del archipiélago, algo que, según Ascav, es el sostén económico de 50.000 familias y representa más del 10% del PIB del archipiélago.
La posible intervención de la CNMC seguiría los pasos dados en la Comunidad de Madrid, donde se ha presentado un recurso contra el artículo 79.3 del Decreto 79/2014, que prohíbe el alquiler por menos de cinco días.
Desde Ascav lo que están pidiendo al Ejecutivo regional es que modifique el decreto 113/2015 que regula las viviendas vacacionales en Canarias, que suspenda los artículos 3.1 y 3.2 y que paralice el régimen sancionador que puede derivarse de ellos.
La cosa resulta peliaguda. Lo que se plantea en uno de los artículos se impide en otro. Así, mientras el 3.1 crea una nueva categoría alojativa, la de la vivienda vacacional, el 3.2 establece que no será posible su uso en zonas turísticas. Los afectados entienden que el decreto deja fuera de regulación al 90% de los propietarios de viviendas vacacionales de Canarias. Más de 50.000 familias que llevan viviendo de esto toda la vida.
Algunos intuyen que detrás del decreto, que excluye a las viviendas que realizan este servicio desde hace tiempo de poder competir en las zonas turísticas, es favorecer a grupos hoteleros de cara a poder convertir los bloques residenciales de su propiedad en apartamentos turísticos.
No obstante, no todas las asociaciones hoteleras están en desacuerdo con el decreto. Algunas, como la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), están más que satisfechas al ver cómo se ha atendido su petición de que las viviendas de alquiler vacacional no puedan ubicarse en urbanizaciones turísticas, y solo podrán situarse en las edificaciones donde no se prohíba esa actividad por los estatutos de la comunidad de propietarios.
Ashotel considera que si la norma hubiera admitido, tal y como lo recogía su borrador, que las viviendas ubicadas en urbanizaciones turísticas, donde el negocio hotelero no sea predominante, pudieran acogerse a este tipo de actividad, el negocio extrahotelero podría haberse visto seriamente amenazado.
